La Fiscalía investiga las muertes en la valla de Melilla

Según informa la Fiscalía en un comunicado, la Coordinadora de Extranjería había elevado esta misma mañana comunicación solicitando la apertura de diligencias para esclarecer lo sucedido. La decisión se sustenta en «la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación», señala la nota.

El salto de la valla del pasado viernes, uno de los más violentos y accidentados de los últimos tiempos, se saldó con al menos 23 fallecidos según las autoridades marroquíes, No obstante, las ONG sobre el terreno elevan el recuento a 37 fallecidos en espera de la evolución de los heridos más graves. En total, unas 2.000 personas habrían intentado acceder a territorio español por la zona conocida como Barrio Chino.

Estas mismas entidades denuncian que las autoridades de Marruecos, donde se registraron todas las víctimas mortales, se han apresurado a enterrar en fosas comunes los cadáveres sin haber realizado las mínimas comprobaciones previas tendentes a averiguar su identidad.

La intervención policial marroquí está rodeada de polémica después de que la principal asociación alauí de derechos humanos, la AMDH, difundiera vídeos que mostraban a los gendarmes amontonando en el suelo a la gente que iban deteniendo tras su fracaso al alcanzar territorio español. Es la misma entidad que ha divulgado en redes imágenes de la excavación de esas fosas para los fallecidos.

Las autoridades de Marruecos han difundido su propia batería de vídeos e imágenes para contrarrestar el relato evidenciando el nivel de violencia que se vivió en aquellas horas en la valla de Melilla. Culpan además, a Argelia, de haber dejado paso a los migrantes por una "deliberada laxitud del país en el control de sus fronteras con Marruecos».

Aquel viernes pasadas las seis y media de la mañana, el dispositivo anti-intrusión de la Comandancia de la Guardia Civil ya detectó una marea de gente camino de la frontera procedente del monte Gurugú, zona de Marruecos donde se suelen asentar en campamentos improvisados personas en tránsito que esperan una oportunidad para cruzar al otro lado.

En total, 133 consiguieron rebasar la barrera y llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, donde según han denunciado, entre otras organizaciones, la Coordinadora de Barrios y el Servicio Jesuita a Migrantes, los recién llegados han sido recluidos en régimen de aislamiento como medida de prevención del covid, sin que a su entender esté esa decisión amparada ni justificada en la actualidad por orden o protocolo alguno.

Han remitido un requerimiento al Ministerio de Inclusión Social y Migraciones en nombre de seis de esas personas para exigir el cese de esta «situación de hecho» de «privación de libertad» que equiparan a una detención ilegal. Cabe recordar que los centros de estancia temporal no son centros de internamiento: los huéspedes gozan de libertad de movimiento siguiendo normas básicas de convivencia y una vez han sido reseñados por la Policía Nacional a su llegada.

En paralelo, el Defensor del Pueblo ha abierto su propia investigación y ha requerido documentación a todas las administraciones competentes, empezando por la Delegación del Gobierno en Melilla, a partir de la queja interpuesta por un total de nueve asociaciones, según informó la institución en un comunicado.