La Fiscalía estudia querellarse contra Puigdemont en el Supremo si declara la independencia

Maza afirma que no descarta pedir su prisión preventiva porque la DUI es un hecho de «una gravedad importante»

José Manuel Maza en una imagen reciente ÓSCAR DEL POZO

23/10/2017 a las 20:03h.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza , ha afirmado este lunes que el Ministerio Público está estudiando la posibilidad de presentar una querella por el delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ante el Tribunal Supremo ... o en la Audiencia Nacional a la espera de los mecanismos que aplique el Gobierno de Mariano Rajoy en el marco del artículo 155 de la Constitución por si se suspende su aforamiento. Además, ha precisado que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) puede ser un hecho de «una gravedad importante» para pedir su prisión preventiva.

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación a su salida de la sede de Deusto Business School tras inaugurar la nueva edición del Programa de Innovación en Ciberseguridad. Preguntado por si la declaración de la independencia supone una circunstancia para pedir el ingreso en prisión del presidente autonómico, Maza ha subrayado que «l os hechos son tan complejos y a lo largo del tiempo » que no sería «determinante en un sentido u en otro este hecho en concreto».

No obstante, ha apuntado que la DUI «supone un acto de una gravedad importante que tiene también su repercusión y su relevancia». Precisamente, el fiscal general del Estado ha explicado este lunes en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, que si Puigdemont declara la independencia «tendrán que ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que procedan a su detención», ya que «es cuestión de las fuerzas de orden público».

«Si hay algo que la Fiscalía entiende que está dentro del Código Penal y es lógico que un hecho delictivo se persiga», ha indicado, teniendo en cuenta a que el presidente de la Generalitat se puede enfrentar a un delito de rebelión, penado hasta con 30 años de prisión.

Asimismo, ha explicado que depende de los mecanismos que aplique el Gobierno en relación a si le quitan el aforamiento o no para presentar dicha querella ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional u otro tribunal. «Es un aspecto técnico que se está estudiando», ha dicho.

Por último, ha apuntado que serán los tribunales los que tengan que «decretar su prisión», pero que no descarta «la posibilidad de solicitarlo». Asimismo, ha añadido que lo que le «extraña» y «sorprende» es que «sorprenda» esta posibilidad porque es «lo normal y natura en un Estado de Derecho».