La Fiscalía aclara que no duda de la «profesionalidad» de los jueces que ejercen en Cataluña

Ambos encausados, el exsecretario de Interior César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler , han impugnado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarles y han reclamado que la causa se envíe a los juzgados del lugar donde tuvieron lugar los hechos, Cataluña según sus tesis. Las defensas de ambos, que se enfrentan a once años de prisión por el delito de rebelión, argumentan que los delitos que les imputan nunca han sido competencia de la Audiencia Nacional. Alegan que es «una interpretación forzada» la atribución de la competencia a este tribunal según la costumbre fijada hasta este caso.

«La rebelión y la sedición no son delitos contra la forma de Gobierno, y por ello la Audiencia Nacional no es competente», ha manifestado Pau Ferrer, el abogado de Pere Soler. El letrado ha añadido que en la investigación «no se ha identificado ningún hecho delictivo que se haya producido fuera de la comunidad autónoma» de Cataluña. Por ello, consideran que la competencia de la Audiencia Nacional vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley, una garantía para asignar al juez encargado de cada causa.

A la petición de Pere Soler y César Puig no se han unido ni el mayor de los Mossos Trapero ni la intendente Teresa Laplana , también acusados en este juicio. Ello significa que Trapero, acusado de rebelión, no cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional y se conforma con que este tribunal se encargue de juzgar los hechos. Trapero y Laplana son los primeros encausados de las causas del «procés» que no solicitan que los tribunales catalanes asumen las investigaciones y los juicios.

El Ministerio Público ha defendido la competencia de la Audiencia Nacional y incluido a los acusados en el esquema ilegal dirigido por los acusados en el Tribunal Supremo. «Son los subordinados» del exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn , ha alegado el fiscal Pedro Rubira . «Es competente para los delitos de rebelión y sedición en aquellos casos en los que afecta al gobierno de la nación, y cómo no va a afectar el hecho de querer constituir una república independiente», ha explicado la Fiscalía.

En una nota informativa difundida horas después, la Fiscalía ha querido «aclarar» que «en ningún caso duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña, y en el resto del territorio nacional». El Ministerio Público explica que el fiscal solo ha querido aludir «al ambiente de crispación» que existía en la sociedad catalana tras la celebración del referéndum, lo que exige una «serenidad» en el enjuiciamiento de los hechos, a la que ya se refirió la querella interpuesta en octubre de 2017 por el delito de rebelión. Reitera la Fiscalía «su confianza» en la independencia e imparcialidad de los jueces y tribunales que ejercen en Cataluña.

En esta causa, la Fiscalía acusa a Trapero, Soler y Puig de plegarse a los fines ilegales de los líderes del «procés», y de ser una «pieza clave» en la estrategia coordinada con los políticos que empujaron hacia la independencia por las vías ilegales. Según el relato del Ministerio Público, ellos dirigieron la inacción de los Mossos en jornadas decisivas del plan ilegal, como en el referéndum ilegal del 1 de octubre, por lo que incumplieron el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les ordenó impedir el referéndum. La pasividad de los agentes permitió la votación ilegal y precipitó la acción tardía de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que provocó choques con los militantes independentistas.

A pesar de la celebración de esta vista formal, dedicada solo a la cuestión de competencia, el juicio contra los antiguos jefes de los Mossos no se celebrará hasta pasado el verano, cuando haya sentencia en la causa de rebelión del Tribunal Supremo, el caso principal en el que rendirán cuentas doce líderes del procés, entre antiguos gobernantes de Cataluña, parlamentarios y agitadores en la calle.