La Fiscalía califica de delitos de terrorismo las agresiones a los guardias civiles en Alsasua

El Ministerio Público ha aportado esta valoración después de que la juez de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le preguntara si tiene competencia para investigar las agresiones, después de que la asociación de víctimas Covite presentara una denuncia. La Fiscalía concluye que la Audiencia Nacional tiene competencia para ello al tratarse así de un delito de terrorismo , una de las materias asignadas a este tribunal.

La Fiscalía enmarca la agresión a los dos guardias civiles dentro de «la campaña de hostigamiento que sufren los mencionados agentes en determinadas localidades del País Vasco y Navarra, y concretamente, en el presente caso, en la localidad de Alsasua», en la que los agentes han sufrido históricamente la hostilidad de la izquierda abertzale.

En este municipio del norte de Navarra , ubicado en el valle de la Burunda y rodeado de montañas, el movimiento Ospa de la izquierda abertzale organiza anualmente el «Ospa Eguna» o «Día de la huida». La intención es reclamar que la Guardia Civil y la Policía foral de Navarra se marchen de la localidad, entre otros actos hostiles. A dicho movimiento pertenecen los dos únicos arrestados por la agresión, Jokin Unamuno y Aritz Urdangarín , de 22 y 24 años respectivamente.

La Fiscalía acude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para argumentar por qué las agresiones encajan en el delito de terrorismo del Código Penal. Según el Ministerio Público, la diferencia clave entre este crimen y los delitos comunes está en «la motivación que mueve al delincuente», que en el terrorismo sería «intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales».

El escrito también añade que entre los objetivos históricos de la banda terrorista ETA está «la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) del País Vasco y Navarra», como exigió el llamado «frente de masas» de la organización terrorista o la denominada «alternativa KAS», que recogía las condiciones de ETA para abandonar la lucha armada .

Por ello, el Ministerio Público informa a la juez Lamela que debe asumir la competencia para investigar lo sucedido (falta la decisión de la juez, que pueda aceptarla o rechazarla), y solicita ya algunas diligencias. Entre ellas, que el juzgado de Pamplona que investiga las agresiones remita testimonio a la Audiencia Nacional, que la Guardia Civil informe sobre la campaña de acoso que sufre en Navarra y en Alsasua y que la Policía foral de Navarra envíe la información sobre las actuaciones practica hasta ahora.