El expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya entrega a España por rebelión depende de un tribunal alemán
El expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya entrega a España por rebelión depende de un tribunal alemán - REUTERS

La Fiscalía baraja pedir al juez que reactive las entregas de los fugados en Suiza y Bélgica

El Tribunal Supremo asume que habrá varios juicios del «procés» por la partida de ajedrez que se juega en Europa en la recta final del caso

MadridActualizado:

La Fiscalía del Tribunal Supremo baraja pedir al juez que reactive la orden de detención y entrega de los tres exconsejeros de Puigdemont que se encuentran fugados en Bélgica: Toni Comin, Lluis Puig y Meritxell Serret. Esta petición podría hacerse extensiva a Suiza para reclamar –en este caso mediante el procedimiento de extradición– a Marta Rovira y a Anna Gabriel, a esta última solo por desobediencia.

Según ha podido saber ABC, el Ministerio Público estaría valorando esta opción una vez que la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal ha confirmado el procesamiento de los 15 líderes independentistas que habían recurrido, entre ellos el expresidente y el exvicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente. Lo que no está tan claro es el momento procesal para hacerlo.

La Fiscalía estudia dos opciones: la primera, solicitar esta entrega cuando el magistrado Pablo Llarena dicte auto de conclusión de sumario, en el que declarará en rebeldía a los fugados, lo que se prevé para las próximas semanas; la segunda, esperar a que Alemania se pronuncie primero sobre Puigdemont, lo que estaría previsto para finales de julio. Vencido ya el plazo de tramitación de la euroorden (60 días), la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha comunicado a la Fiscalía que necesita más tiempo para resolver sobre la entrega ante la abundante documentación que le ha aportado el juez para acreditar el delito de malversación, uno de los tres sobre la mesa. El magistrado también les atribuye rebelión y desobediencia.

Si el juez acuerda activar estas reclamaciones dejaría a la Justicia española pendiente de la respuesta de cuatro países que afectan a siete procesados: Alemania (Puigdemont), Bélgica (Comin, Serret y Puig), Suiza (Rovira y Gabriel) y Reino Unido (Clara Ponsatí). De ellas, la solicitud de extradición que se curse a Suiza es la única nueva, pues cuando Llarena dictó el auto de procesamiento el pasado 23 de marzo y constató que la número dos de Junqueras, Marta Rovira, había huido, no puso en marcha este mecanismo de cooperación internacional. Tampoco se tenía constancia oficial de que la dirigetne de ERC se encontrara allí.

Falta de cooperación

En Bélgica, la reclamación se encuentra en punto muerto después de que las autoridades del país rechazaran entregar a los exconsejeros por un supuesto defecto de forma, sin siquiera valorar el fondo del asunto. El Supremo lamenta la falta de cooperación de Bélgica y defiende que la petición cumple los requisitos, al estar acompañada del auto de procesamiento, que equivale a la orden nacional de detención. Aun así, el Ministerio Público pidió a Llarena que volviese a reclamar a los fugados, sin respuesta del juez.

Por su parte, el tribunal de Edimburgo del que depende el futuro de Ponsatí solicitó más tiempo para estudiar la euroorden y aplazó hasta el 30 de julio la vista definitiva, un plazo que coincide con el marcado en Alemania, lo que haría coincidir ambas decisiones.

Ordenamientos dispares

Lo que se da por hecho en el Tribunal Supremo es que el juicio del «procés» no podrá celebrarse con los 25 procesados juntos, porque si ya es difícil conjugar la actuación de la justicia de un país con la respuesta judicial de otro, todo se complica más cuando la partida de ajedrez se juega en cinco países diferentes y con ordenamientos jurídicos tan dispares como la voluntad de cooperación de unos y otros.

En el Alto Tribunal no están excesivamente preocupados por cómo pueda afectar la respuesta internacional a este procedimiento. Lo están más por los agujeros que con este caso está planteando la euroorden como herramienta de cooperación jurídica internacional y por la «extralimitación» en la que ha incurrido alguno de estos países a la hora de ejecutar una orden de entrega, en la que basta comprobar que el delito en cuestión existe en el país al que se reclama para acordar la entrega. Así lo establece el llamado principio de doble incriminación. Desde el primer momento Llarena dejó claro que no iba a permitir un tratamiento distinto a personas procesadas por formar parte del mismo plan independentista ilegal. De ahí que desactivara en diciembre del año pasado (cuando la investigación era muy incipiente) la inicial euroorden cursada a Bélgica.

Y en este punto la Sala Penal le apoya sin fisuras: no aceptará una entrega que no sea por rebelión, el delito más grave por el que la Sala ha confirmado esta semana el procesamiento de los líderes independentistas, incluidos los fugados. Los jueces consideran que el debate sobre la existencia de violencia en el órdago secesionista, que culminó con la declaración de independencia, debe llegar al juicio oral, el momento de la verdad.

El rechazo a una entrega que no sea por ese delito implicará que los siete huidos no serán juzgados con los demás procesados, lo que forzará la celebración de dos juicios en el mejor de los casos. Uno para los encausados que están a disposición de la justicia española, algunos presos; y otro (u otros) para los fugados conforme se vayan produciendo las entregas. Se puede dar la circunstancia de que condenados, en su caso, en la primera vista –prevista para finales de este año– tengan que declarar como testigos (Junqueras, por ejemplo) en el juicio en el que los huidos (como Puigdemont) se sienten en el banquillo de acusados.

Esta dificultad para juzgar a todos los independentistas a la vez no significa que los huidos no vayan a serlo en el futuro. Ese horizonte llegaría en dos supuestos: si pisan España o si en su peregrinaje por Europa, ante la activación de una nueva euroorden en algún país que no se haya pronunciado, se acordara la entrega por ese delito. Mientras tanto, los líderes secesionistas están «condenados» al «destierro» con unas cuentas corrientes exiguas tras la obligación que el viernes les impuso Llarena de pagar (solidariamente los 14 exmiembros del gobierno) los 2,1 millones de euros por el desvío de fondos para el 1-O: 150.000 euros cada uno o, en su defecto, bienes embargados por ese valor.

En esta recta final de la causa central, se da por hecho que las defensas van a intentar dilatar el procedimiento que avanza en el Supremo. Los cauces que emplearán los procesados en esta estrategia sería cuestionar el procedimiento y la instrucción, solicitando la revocación para la práctica de nuevas diligencias, y las previsibles recusaciones contra los jueces.

La Sala de lo Penal ya ha manifestado que será el juicio oral donde se producirá la práctica de «auténticas pruebas» dentro del contraste de argumentos entre las partes para alcanzar la verdad sobre lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos años.

La fase intermedia –el periodo que hace de puente entre la instrucción y el juicio oral, para preparar la vista– será lenta. Después de que las acusaciones y las defensas presenten sus escritos de calificación de los hechos, los jueces que enjuiciarán el «procés» deberán filtrar la batería de testigos y pruebas que solicitarán las partes.