La Fiscalía apoya que se aparte al juez De Prada de dos causas contra ETA

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recusó al juez del tribunal de dos causas: la que enjuicia la subordinación de Batasuna a ETA, al reconstruir la formación ilegalizada en las siglas políticas de ANV y PCTV; y en el proceso por el intento de asesinato del concejal de UPN Miguel Ángel Ruiz Langarica en el año 2000, por el que está acusado el terrorista Jorge Oláiz.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que analiza de qué forma afectan las palabras que De Prada expresó en un coloquio en Tolosa (Guipúzcoa) en ambos casos, concluye que la libertad de expresión de un juez está limitada por otros derechos, entre ellos el derecho a tener un juez imparcial, uno de los pilares de los procesos judiciales.

Sobre el proceso contra el etarra Oláiz , cuya vista oral ya se celebró y quedó visto para sentencia, la Fiscalía recuerda que una de las cuestiones que criticó el juez (quien aseguró, entre otras cosas, que la tortura se había producido de forma «clara" en España) es la utilización como prueba de «los informes periciales de inteligencia», en alusión a los informes policiales que apuntan a la participación de un etarra en un atentado, «de los que realiza una valoración muy negativa, llegando a afirmar que tratan de suplantar el razonamiento del juez».

Una de las pruebas propuestas por el Ministerio Público y la acusación particular (la defensa del concejal de UPN) en dicha causa es precisamente «la prueba pericial de inteligencia, prueba muy habitual en este tipo de procesos».

Otra de las reflexiones lanzadas por De Prada, cuyas palabras fueron publicadas en el diario Gara y después recogidas por ABC , afecta de lleno al otro proceso. El magistrado aseguró que los tribunales estaban aplicando los tipos penales que castigan el terrorismo a personas que no son terroristas, en referencia al entorno político y social de ETA, desde el que muchas personas colaboraron o se integraron en la banda, al asumir sus instrucciones y quedar subordinadas a ella.

La Fiscalía se apoya en el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de las normas, para afirmar que el juez debe ser recusado por haberse formado una idea previa o prejuicio , «con anterioridad a la celebración del juicio, por razones personales o ideológicas, fuera de los criterios jurídicos. De Prada aseguró al rechazar la recusación, motivada por el coloquio en el que acompañó al abogado de etarras Íñigo Iruin, que su intervención había que entenderla desde perspectivas «sociológicas».

«Queda fuera de toda duda que el presente expediente no valora la competencia del magistrado durante su dilatada carrera profesional de más de 25 años en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo que importa es comprobar si las opiniones manifestadas han conllevado la falta de imparcialidad del magistrado», explica la Fiscalía, quien lo tiene claro: debe ser apartado.