La fiscalía afirma que la Junta «enriqueció» al Grupo Joly con los ERE

El Ministerio Público sostiene que esta subvención sirvió «para enriquecer de manera injusta» y «de modo fraudulento» a empresas pertenecientes al grupo editor de cabeceras como Diario de Cádiz y Diario de Sevilla. No fue «una ayuda individual en favor de los miembros de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz». Rebate así uno de los principales argumentos empleados por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el auto dictado el 3 de junio pasado. La instructora sólo llamó como investigado al presidente de la asociación, Juan Romero Huertas , en esta pieza desgajada del caso ERE.

El hecho de que la ayuda se concediera «formalmente» a la citada asociación por la Dirección General de Trabajo de la Junta «no es más que un artificio para ocultar al auténtico beneficiario de la ayuda : las sociedades ya citadas pertenecientes al Grupo Joly»: Diario de Cádiz S.L., Diario de Jerez S.A., Industrias Gráficas Gaditanas S.L., Ediciones Europa Sur S.L., Federico Joly y Cía S.A. y Joldis S.A., argumentan los fiscales en su escrito del 24 de junio al que ha accedido ABC .

«La ayuda a las sociedades del Grupo Joly se concedió y pagó con el más absoluto desprecio por el procedimiento legalmente establecido y supuso una libérrima disposición de fondos públicos para enriquecer de manera injusta a dichas sociedades», afirman. Tales hechos «pudieran ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos». La Fiscalía pide que sean incluidos como investigados cinco ex altos cargos de la Consejería de Empleo y el presidente del grupo, José Joly . La instructora del caso ERE, de baja desde hace 15 días , no imputó a ninguno de ellos.

Para el Ministerio Público, no cabe duda de que «el beneficiario real» de la ayuda eran las empresas del grupo editor , y el objetivo, «financiar una serie de compromisos económicos adquiridos por tales sociedades con los trabajadores que se vieran afectados por la aplicación del Plan Social diseñado para el proyecto de consolidación y expansión» del grupo.

Nuñéz inició estas diligencias el pasado octubre, pero seis meses después las archivó provisionalmente. En junio reabrió la causa tras un recurso de la Fiscalía. Anticorrupción ha denunciado a la juez ante el Poder Judicial por «la desatención y retraso injustificado» de los casos ERE, Avales y IDEA.