Fiscales y abogados reclaman a Justicia protección frente al coronavirus

Precisamente, el domingo alzaban la voz las asociaciones de fiscales, denunciando las condiciones en que se prestan los servicios de guardia tanto en las fiscalías como en los Juzgados de toda España y ante la ausencia de materiales básicos de prevención , como mascarillas o guantes.

Delgado coge el testigo y vuelve a contactar con Campo, tal y como ha explicado ella misma en una carta fechada el 15 de marzo a todos los fiscales, en la que afirma que ha elevado de nuevo solicitud aunque a sabiendas de «la limitada disponibilidad de tales medidas de seguridad y de que el Estado gestiona una lógica y prudente situación de prioridades», informa Ep.

En el caso de los abogados, la reclamación va más allá de los medios básicos de protección, que reivindican para aquellas circunstancias en que no quede más remedio que prestar asistencia letrada presencialmente .

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, reunida el 15 de marzo, ha dirigido tanto a Justicia como al Ministerio del Interior, al Consejo General del Poder Judicial y a las consejerías del ramo en las comunidades autónomas una lista de exigencias que empiezan por facilitar medios telefónicos y de videoconferencia adecuados para la asistencia letrada a los detenidos y las víctimas de violencia doméstica para evitar ese presentismo.

Solicitan que a tal efecto, se intente que todas las asistencias a detenidos se realicen en dependencias judiciales, «renunciando al derecho a prestar declaración en sede policial» y que si no queda más remedio que acudir, se garanticen medidas básicas como la distancia prudencial entre personas.

«De no cumplirse las circunstancias anteriores los funcionarios deberán de proporcionar a los abogados que prestan dicha asistencia de los elementos de protección individual adecuados a la situación sociosanitaria que han sido recomendados, tales como mascarilla, guantes y líquidos desinfectantes », exponen en un comunicado.

Asimismo, exigen que las Administraciones competentes suspendan de oficio la tramitación de los expedientes de Asistencia Justicia Gratuita durante el periodo de vigencia del Real Decreto que ha acordado el estado de alarma, y se tramiten una vez éste haya finalizado, exonerando a los profesionales de la tramitación administrativa.

Por último, acuerdan que los Colegios de la Abogacía amparen a los abogados de guardia en caso de conflicto entre la protección de su salud y requerimientos de órganos judiciales y centros de detención que soliciten su presencia física con riesgo para el letrado.