Dos fiscales jefe salvan a Delgado del caso Stampa ante el Consejo Fiscal

La actuación de la fiscal general respecto a quien era uno de los representantes del Ministerio Público en el caso Tándem, que afecta al comisario Villarejo, se había puesto en entredicho después de que Stampa atribuyese la no obtención de plaza fija en Anticorrupción a la existencia de unas diligencias por revelación de secretos en el contexto de su relación con los abogados de Podemos personados en esa causa. Según su tesis, la Fiscalía General del Estado maniobró para alargar la investigación, aunque el fiscal que la llevaba quiso cerrarla dos veces, de manera que siguiesen activas cuando se dirimieran las plazas, en octubre de 2020.

Durante el Consejo Fiscal celebrado este miércoles, al que ha llegado el caso Stampa por petición expresa de Delgado, e l jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido los nombramientos que se decidieron porque respondían al perfil requerido de «prudencia y discreción» por el que apostaban los propios consejeros de la Asociación de Fiscales (a la que Stampa pertenecía) cuando le negaron su apoyo, tal y como se ha recordado hoy con la lectura del acta de aquella sesión. Stampa no obtuvo ni un solo voto de los ochenta emitidos para las ocho plazas a las que concurrió. Por contra, su compañero en el caso Villarejo, Miguel Serrano, que optaba a las mismas plazas, obtuvo cinco votos (de la UPF) y fue propuesto por la fiscal general.

Pero Luzón estaba allí para rebatir además una de las afirmaciones vertidas por Stampa en la reclamación patrimonial que ha presentado ante el Ministerio de Justicia por su pérdida de plaza: que Delgado tenía un «interés personal y directo» en el caso Villarejo que la invalidaba para participar si quiera en la deliberación. El fiscal Jefe de Anticorrupción ha explicado a los consejeros que ni ella ni su pareja, el exmagistrado Baltasar Garzón, han estado nunca imputados en la causa ni consta «contenido penal alguno en relación» con ella o sus allegados. De paso, ha explicado que Tándem va muy bien, con tres piezas ya en juicio oral, aunque no esté llevándolo Stampa.

La puntilla la ha puesto la responsable de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz, nombrada recientemente por Delgado, al afirmar que, en todo caso, «no existe cobertura legal» para que una fiscal general del Estado se abstenga, como según Stampa debió hacer, de realizar propuestas de nombramiento discrecional. Para la Asociación de Fiscales, más allá de esa cobertura legal, el hecho de que el despacho de su pareja defienda a varios de los acusados es motivo suficiente para que se aparte de esta causa.

En la misma línea que Luzón, la mano derecha de Delgado, Álvaro García Ortiz, ha negado haber dilatado artificialmente la investigación sobre Stampa al haber sugerido al ya ex fiscal jefe de Madrid, Jesús Caballero, que practicara más diligencias pese a su intención, hasta en dos ocasiones, de cerrar el caso por falta de indicios. En extenso relato, ha detallado todos los hitos del asunto cronológicamente haciendo hincapié en lo que ha denominado «posibles defectos» o «irregularidades» en esa investigación, los mismos que según su relato, detectó y le llevaron a recomendar que se hiciesen más pesquisas.

De hecho, en un encuentro informal con medios, García ha asumido toda la responsabilidad en lo actuado, de lo que dice, Delgado ni conocía ni quería conocer los detalles porque en general, procura mantenerse al margen de todo aquello que pueda tener alguna relación con el caso Villarejo. Y eso pese a que como señalaban sus escritos a la Fiscalía de Madrid y ha reiterado, se trataba de un tema sensible y de gravedad, pues ponía en cuestión la actuación de todo Anticorrupción.

Ha incidido, en todo caso, en que no hubo ni maniobra ni afán alguno de alargar las diligencias para perjudicar a Stampa de cara al acceso a un puesto en Anticorrupción, puesto que Delgado, que tiene competencias para ello, podría haberle negado la plaza aunque hubiese contado con todo el aval del Consejo Fiscal o habérsela concedido teniendo, como tuvo, cero votos. Es su potestad y es discrecional y la votación del Consejo no vincula, sólo informa.

En cuanto a las interferencias en la investigación por revelación de secretos a Stampa que seguía la Fiscalía de Madrid tras una denuncia de Vox, en la Técnica insisten en que eran que se podían aceptar o no y se intercambiaron mediante un mecanismo interno denominado «dación de cuentas» por el que cada vez que un fiscal va a hacer un movimiento respecto de un aforado, informa a la Fiscalía General. Ha cifrado en medio centenar los procesos de este tipo que se abrieron el año pasado y ha enmarcado en la normalidad que se utilice este conducto para intercambio de pareceres, en una afirmación que otras fuentes fiscales consultadas por ABC cuestionan.

El parecer de la Secretaría Técnica cuando recibió el 5 de octubre el primer borrador que archivaba las diligencias contra Stampa es que la investigación no estaba completa y faltaba practicar pruebas relevantes para esclarecer los hechos. En concreto, la declaración del abogado peleado con Podemos, José Manuel Calvente, que denunció en primer lugar una connivencia de una de sus letradas con Stampa como origen de esa supuesta revelación de secretos. También pedía que declarase el compañero del fiscal en el caso Villarejo, Miguel Serrano, como testigo.

La segunda vez que Madrid pidió archivar la causa, lo que decidió la Secretaría Técnica fue recabar todo el expediente para ver qué se había hecho en conjunto . Fue entonces cuando envió de nuevo, sugerencias, al detectar que el fiscal a cargo del asunto no había recabado los chats de Podemos que eran el origen de la denuncia y supuesto indicio de esa posible revelación de secretos, cosa que en la Fiscalía General entendían que era imprescindible.

La fiscalía provincial no pudo finalmente hacerse con los chats, que no estaban aportados en la Audiencia Nacional y que no podía reclamar a Calvente sin poner en jaque el secreto de comunicaciones de abogados de Podemos. Y archivó las diligencias en febrero de 2021 sin haber llegado a acatar esas sugerencias. Para entonces, ya se había celebrado el Consejo Fiscal en el que no fue propuesto para una plaza y había vencido igualmente la convocatoria de fiscales europeos.

La Asociación de Fiscales desvincula el hecho de no haber apoyado a Stampa de la posible estrategia desde el entorno de Delgado para frustrar las expectativas de ese fiscal con la apertura de unas diligencias, que es lo que les parece grave.

Al término del Consejo Fiscal, los vocales de esta asociación acusaban a la fiscal general de haberles negado el acceso a documentación relevante para el caso amparándose en el carácter reservado de esa información. Tras reiterar esa petición por escrito, los vocales de la AF ponen de manifiesto la «preocupación generalizada de toda la carrera por los últimos acontecimientos» que están dañando la imagen de la propia Fiscalía por «la falta de credibilidad ante la opinión pública» de la fiscal general. «Su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema», concluyen.

En la Secretaría Técnica señalan que estas comunicaciones   con la Fiscalía de Madrid se desglosaron del expediente sobre Stampa porque nunca debieron estar allí, ya que un investigado no puede tener acceso al debate jurídico que por detrás, tienen los investigadores, por lo que atribuyen a un error que los emails con «sugerencias» constasen en las actuaciones al inicio.

Stampa está reclamando en el Contencioso Administrativo esa documentación, pero según informan en fuentes jurídicas a ABC, la Abogacía del Estado, que defiende a la Fiscalía General en este caso, se ha posicionado en contra esgrimiendo ese carácter privado del intercambio jurídico sobre pruebas o diligencias que puedan tener los fiscales y de los que no debe tener conocimiento el afectado.