Los fiscales denuncian el «alarmante incremento» de la violencia sexual de menores en grupo

También inciden en que la irrupción de las nuevas tecnologías ha repercutido directamente en nuevas manifestaciones de violencia porque algunas herramientas digitales, amparándose en el anonimato facilitan su ejercicio sobre las adolescentes «con un efecto multiplicador muy dañino«. Señalan otra preocupación social evidente. El inicio cada vez más temprano de relaciones afectivas sin convivencia, sin proyecto en común y con un desarrollo online de corta duración pero gran intensidad. Este modelo, dicen los fiscales, nos enfrenta «a múltiples y variadas situaciones de dominio, control y maltrato psicológico y físico del varón sobre la mujer –alimentadas por los estereotipos e ideas sexistas que circulan por las redes–, que constituyen la esencia de la violencia de género«, pero que no se ajustan al concepto de relación afectiva que exige el Código Penal. Por este desajuste, piden una «inmediata acomodación a esta nueva realidad social, estableciendo además sistemas eficaces de protección a las víctimas como las retiradas de contenidos o el bloqueo de páginas web».

No es el único cambio legislativo que reclaman: hay que ampliar el concepto de violencia sobre la mujer establecido en la LO 1/2004, en la línea marcada por el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado de violencia de género. La violencia que vulnera la libertad sexual de las mujeres y niñas debe ser abordada en la futura reforma, subrayan, igual que el acoso laboral, la mutilación genital y/o el matrimonio forzado.

Otra de las preocupaciones son los menores víctimas, los hijos. Destaca la Fiscalía «la inhumana utilización de sus propios hijos porparte del agresor para provocar un daño más profundo a su pareja, la llamada violencia vicaria demanda afrontar tan cruel realidad extendiendo la protección a los menores, pero ello choca con la resistencia a considerar y tratar a los menores como víctimas con todos los derechos que ello conlleva«. Y lo ejemplifican: a menudo no se acuerdan medidas civiles que protejan a los niños de sus progenitores, tal y como reflejan las estadísticas del CGPJ. A los menores huérfanos, hijos de asesinos de sus madres se les dedica un apartado completo. El año pasado hubo 46 casos, frente a los 40 del año anterior.

El total de mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja ascendió a 59, lo que supone un importante repunte que sorprende tras tres años consecutivos con tendencia a la baja, finalizando el año 2019 con 51 víctimas registradas (cifra que ha sufrido modificación al alza al haberse registrado a lo largo del presente año víctimas del año anterior). A ello hay que añadir que, de las 59 víctimas, solo 15 habían formulado denuncia previamente, lo que supone un descenso de denuncias frente al año anterior, pasando del 32,65 % al 25,4 %; es decir, un 75 % de las mujeres no denuncia, dato que es negativo en cuanto refleja la cifra negra existente en esta delincuencia y la desconfianza hacia el sistema judicial y, por tanto, la necesidad de perseverar en las campañas de concienciación, especialmente a través de las redes sociales. «Si no existe denuncia, no es posible proteger a la víctima», subrayan los fiscales especializados.

Los representantes del Ministerio Público dicen que hay mirar hacia los agresores, «los verdaderos culpables», y trabajar para su reinserción.El objetivo es evitar que reincidan en la violencia con otras parejas, «como ya ha ocurrido con cierta frecuencia este año», añaden.