El fiscal Zaragoza renuncia al cargo que le dio Delgado ante las críticas en Antidroga y el recurso ante el TS

El pasado 12 de abril la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, anunció la interposición de un recurso contra lo que calificó de «arbitrariedad» de Delgado , pues adjudicó por decreto un cargo que se solapa con las funciones de la Fiscalia Antidroga, tal y como denunció el propio fiscal-jefe de esta unidad. José Manuel Noreña recurrió esta decisión al considerarla «ilegal, improcedente y nula de pleno derecho», pues se llevó a cabo sin concurso interno, evaluación ni justificación alguna.

En su escrito, Zaragoza señala que aceptó la propuesta de asumir esa función «en el convencimiento de que, lejos de generar polémica, podría ejercer con espíritu constructivo e integrador las tareas de refuerzo que me eran encomendadas, siempre con el exclusivo propósito de colaborar lealmente con los órganos del Ministerio Fiscal encargados de estas tareas y contribuir a mejorar la calidad de la respuesta legal frente al problema que representa el narcotráfico organizado en el Campo de Gibraltar».

De hecho, estaba convencido de que tras una reunión en la que participaron el propio Noreña, la fiscal superior de Andalucía, distintos fiscales delegados Antidroga de Cádiz y el jefe de área de Algeciras «se llegó aparentemente a una situación de consenso». También que «quedaba meridianamente claro que ese supuesto solapamiento de funciones respecto a la Fiscalía Especial Antidroga no iba a producirse», pues el propio fiscal-jefe Antidroga «llegó incluso a plantear por escrito una propuesta alternativa para transformar la Delegación que se me asignaba , convirtiéndola en una función de coordinación de todas las investigaciones sobre blanqueo de capitales a nivel nacional, incluidas las relativas a blanqueo de bienes asociado al narcotráfico. Una propuesta sin duda sorprendente en la medida en que, esta sí, podría producir injerencias en las funciones del citado órgano especializado».

A juicio de Zaragoza, llevar a los tribunales su nombramiento implica poner «bajo el foco no solo la estructura y funcionamiento interno del Ministerio Público», sino también su propia trayectoria profesional de «40 años al servicio del Ministerio Fiscal en responsabilidades especialmente relevantes». «No es el mejor escenario para poder desempeñar con eficacia el cometido que me ha sido encomendado. Creo sinceramente que, en estas circunstancias, con un nombramiento cuestionado internamente y recurrido ante los tribunales, cumplir con tan dignísima función se nos antoja una tarea especialmente complicada, ya que la polémica generada puede repercutir negativamente y hacer ineficaz el ejercicio de una función que solo puede ser abordada desde la más estricta y leal colaboración entre los diversos órganos del Ministerio Fiscal implicados en la resolución del problema detectado en el Campo de Gibraltar, lo que inevitablemente requiere un trabajo en equipo y la conjunción de esfuerzos».

En definitiva, añade, «me encuentro ante una situación que puede provocar un daño institucional irreparable para la imagen y la credibilidad del Ministerio Fiscal, que por responsabilidad y por lealtad a la institución no puedo ni debo asumir».