El fiscal y la Audiencia siguen el rastro de 48 millones desaparecidos del Consistorio marbellí

J. M. CAMACHO/P. MUÑOZMÁLAGA/MADRID. La Audiencia Nacional y el fiscal Anticorrupción de Marbella Juan Carlos López Caballero investigan los convenios del ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca

J. M. CAMACHO/P. MUÑOZ MÁLAGA/MADRID.
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La Audiencia Nacional y el fiscal Anticorrupción de Marbella Juan Carlos López Caballero investigan los convenios del ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, uno de los principales protagonistas de los escándalos de corrupción en Marbella, con distintos promotores. La Justicia sigue el rastro de los 48 millones de euros, unos ocho mil millones de las antiguas pesetas, desaparecidos del Ayuntamiento de Marbella entre 1994 y 1999, periodo durante el que fue gobernado por Jesús Gil.

La Audiencia investiga esta trama urbanística tras la denuncia de la Fiscalía de Málaga contra el equipo de gobierno marbellí por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencia, según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia.

El Ayuntamiento de Marbella firmó convenios con Truffle España, La Caixa, Huelva Businnes General, Marina del Rey, Proycontgest, Jotsa, Promotorauno, Promoción de Edificaciones Industriales, Tibigol Guadalmina, el Banco Arabe Español, Barbacoa la Pesquera, Pamasa, entre otrasempresas, que también están siendo investigadas.

Deudas sin saldar

La Fiscalía, que utiliza un informe del Tribunal de Cuentas, detecta entre otras irregularidades cómo una finca valorada por el Ayuntamiento en 4,7 millones de euros (unos 786 millones de pesetas) fue entregada para el pago de una deuda que ascendía a sólo 2,85 millones de euros (475,1 millones de pesetas) mientras que otra, valorada por el Ayuntamiento en 1,02 millones de euros (169 millones de pesetas) fue entregada para el pago de una deuda que ascendía a sólo 24.000 euros (730.000 pesetas). Ambas actuaciones originaron perjuicios a los fondos públicos por 1,8 millones de euros y 280.000 euros, respectivamente.

En un convenio para el pago de deuda se pactó la entrega de fincas valoradas en 690.000 euros (114 millones de pesetas), sacándose a subasta por tal importe con posterioridad. Sin embargo, en el momento de firmarse el convenio, las mismas fincas estaban siendo objeto de un expediente de subasta en el que la valoración otorgada era de 132.000 euros (22 millones de pesetas), por lo que se produjo un perjuicio económico a los fondos municipales de 48.000 euros (ocho millones de pesetas).

En 1995, se entregaron en pago de deudas a un acreedor bienes por importe de 516.000 euros (86 millones de pesetas), y en 1996 por 197.000 euros (32,8 millones de pesetas). Sin embargo, la contabilidad municipal nunca se registró una reducción de la deuda correspondiente a dichas cantidades. En 1998, por ejemplo, el Ayuntamiento transmitió dos fincas por valor de 2,39 millones de euros (398 millones de pesetas) para satisfacer la deuda con un acreedor, pero no se redujo el saldo con éste en dicho importe.

El Tribunal de Cuentas encontró numerosas irregularidades en la tramitación de expedientes municipales y en los convenios firmados por el Ayuntamiento de Marbella. Según el Tribunal, las actuaciones de fiscalización que llevron a cabo en Marbella estuvieron sensiblemente condicionadas por múltiples limitaciones, carencias de documentación, libros, cuentas o retrasos, lo que puso de manifiesto la escasa colaboración de las autoridades municipales, dificultando, cuando no imposibilitando, dichos trabajos.