El rey Felipe VI (c), el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes (2i), la fiscal general del Estado, María José Segarra (i), y la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado (2d), durante el acto de apertura del año judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo - EFE

La fiscal general del Estado avisa al separatismo: «Todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia»

El Supremo inaugura el curso judicial a escasas semanas del fallo del «procés» con un acto solemne presidido por el Rey

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En presencia de toda la cúpula judicial y de múltiples políticos, y a pocas semanas de que se dicte la sentencia del «procés», la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha lanzado una clara advertencia a los políticos secesionistas y a la Generalitat. «Todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma», ha asegurado la fiscal general en el discurso con el que se ha inaugurado el curso judicial, en una ceremonia solemne celebrada este lunes en el Tribunal Supremo. El fallo del «procés» marca el ambiente de un acto presidido por el Rey y de un curso judicial en el que las causas contra la corrupción continuarán levantando las alfombras del pasado.

«El normal funcionamiento de las instituciones, y singularmente del sistema de Justicia, es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia», ha reflexionado Segarra, que en todo momento avaló el criterio de los cuatro fiscales de la causa del «procés», que aprecian una rebelión con violencia en el plan secesionista ilegal. Según la fiscal general, el único método válido en un Estado democrático para garantizar esa convivencia, con respeto a «la diversidad y a la libertad de opinión», es el respeto a la Ley.

Al aludir al juicio contra los doce líderes independentistas que buscaron la secesión por las vías ilegales, la fiscal general ha ensalzado el respeto a las garantías judiciales que supuso el juicio al «procés», que quedó visto para sentencia el pasado 12 de junio. «La celebración del juicio bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes, sólo puede ser interpretada como la más viva afirmación de nuestro Estado de Derecho», ha remarcado. Segarra también ha destacado que la respuesta del sistema judicial ha sido «la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley».

La fiscal general también ha querido alabar la labor de los jueces y fiscales destinados a Cataluña, que han sufrido el acoso de los grupos más radicales del secesionismo, y ha aplaudido su «lealtad con el orden constitucional». «Durante el pasado ejercicio se ha mantenido, de forma singular, el compromiso del sistema judicial en general, y de esta institución en particular, con la defensa del Estado de Derecho», ha consensado Segarra su mensaje sobre esta causa.

Más alla de los casos ligados al plan secesionista ilegal, a los que ya se alude en este acto de forma directa y no a través de referencias implícitas, la fiscal general ha repasado otros retos del sistema judicial, con una alusión especial a la corrupción y a la lucha contra los delitos sexuales, que afectan particularmente a las mujeres.

Sobre la corrupción, Segarra ha solicitado en voz alta una reforma legislativa en profundidad en la normativa sobre protección de denunciantes y testigos, para facilitar su indemnidad. El curso pasado, las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción crecieron hasta casi 700 procedimientos judiciales, sobre todo por la fragmentación en piezas separadas de largas y complejas investigaciones. Algunas, como la que indaga en la fortuna de la familia Pujol Ferrusola o la que cerca a la trama Púnica de corrupción, darán que hablar en este nuevo curso.

En el caso de los delitos sexuales, la fiscal general no ha esquivado el caso de La Manada, que generó una gran controversia social y cuya condena el Supremo elevó hasta el delito de agresión sexual. «El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, poniendo fin a la controversia generada, de forma concluyente, considerando que nos encontrábamos ante una agresión sexual y no ante un abuso sexual«.