La fiscal evidencia la corrupción de un exalcalde del PSC

«No hay manera de que estos burros míos, sobre todo la hija de puta esta, se pongan de acuerdo», afirma en la escucha el acusado, en alusión a la interventora Maite Carol, una profesional que se opuso a una modificación en una operación urbanística que favorecía a la trama. «¿Quién se ha pensado que es la puta interventora?», replica Luigi. Los acusados consiguieron forzar cambios en los usos de un suelo destinado a un hotel, un centro comercial y viviendas protegidas.

Esta secuencia se repitió ayer, en la segunda sesión del juicio del caso Pretoria , una y otra vez, en el interrogatorio de la fiscal del caso, Ana Cuenca, al acusado Muñoz, para quien pide seis años y diez meses de cárcel por corrupción. El antiguo edil de Santa Coloma permitió que el líder de la trama, «Luigi», un antiguo diputado autonómico del PSC, dirigiera el área de urbanismo y participó en la manipulación de una adjudicación pública dentro de la Operación Pallaresa, que tuvo lugar entre 2001 y 2005, según el Ministerio Público. A cambió, Muñoz, concejal de Santa Coloma desde 1983 y alcalde entre 2002 y 2009, recibió una comisión de 1,72 millones de euros y un ático.

Ayer, Muñoz negó todas las acusaciones : insistió en que no benefició a nadie -ni a si mismo- y aseguró que no permitió que la trama anidase en el consistorio, de lo que le acusan. «El ayuntamiento solo lo dirigen el acalde y sus concejales. Nadie más», señaló, cuando le cuestionaron si «Luigi» hacía y deshacía en el consistorio.

Tras cada negación, la fiscal Anticorrupción pedia que se reprodujera una nueva grabación que desvelaba el rol de Muñoz, seguida de un listado de preguntas enunciadas en voz alta. La fiscal pide para él seis años y diez meses de prisión y una multa de 4,1 millones.

El acusado se dedicó a callar, siguiendo las órdenes de su abogado, que impugnó las escuchas por considerar que vulneraron los derechos fundamentales del antiguo edil socialista. Su letrado confía en que el tribunal que juzga a esta trama que corrompió tres ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona entre 2001 y 2009 no tenga por ello en cuenta las grabaciones como prueba. Una esperanza improbable después de que los tres jueces de la Sala de lo Penal ya rechazasen esta petición cuando fue planteada como un defecto de forma por las defensas de los acusados el pasado lunes, en la primera sesión del juicio, dedicada a las cuestiones previas.

Las escuchas también dejaron patente que Muñoz -cuyo interrogatorio continúa hoy- maniobró para prorrogar un contrato de limpieza a favor de otro acusado, Manuel Carrillo. «Aprieta un poco más a Carrillo», le pidió a una empleada que negociaba la adjudicación. «No se preocupe, todo arreglado», le comunicó después él.

En esta vista, que enjuicia a once personas, también están acusados los ex altos cargos de la Generalitat de Jordi Pujol Lluis Prenefeta y Macià Alavedra , para quienes la fiscal pide seis años y diez meses de prisión. Anticorrupción aliviará su petición contra Alavedra si confiesa los hechos y paga una multa de 10,3 millones de euros.