La familia Franco quiere retrasar la exhumación y que se decida en el Constitucional y no en el Supremo

Esto se debe a que, en cumplimiento con los tiempos judiciales, los Franco han presentado hoy una demanda ante el Supremo en la que desarrollan los motivos de su recurso y con la que buscan convencer al Alto Tribunal de la, a su juicio, «manifiesta inconstitucionalidad» del Decreto Ley impulsado por el Gobierno para proceder a la exhumación.

El escrito, según ha podido saber ABC, se centra en demostrar la ilegalidad del plan del Gobierno para desenterrar a Franco de la basílica de Cuelgamuros y después inhumarlo en el panteón del cementerio de Mingorrubio-El Pardo . Hace unas semanas, el Ejecutivo se atribuyó la titularidad, hasta entonces de Patrimonio Nacional, de ese panteón para facilitar el proceso.

Al margen de esta ofensiva, el texto presentado por los Franco incluye otra serie de argumentos de legalidad ordinaria para intentar un fallo favorable para sus intereses del Supremo.

Se espera que la semana que viene el Alto Tribunal se pronuncie sobre esa hipotética suspensión cautelar en la que confían los Franco. Los nietos del dictador, con este último movimiento, procuran que sea finalmente el Tribunal Constitucional quien decida sobre la cuestión, algo que dilataría «sine díe» la medida estrella del Gobierno socialista.

En el recurso presentado por los Franco ya se vislumbraba su intención de que este caso se resolviera finalmente en el Constitucional después de un pronunciamiento del Supremo : «Se solicitará a la Sala el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto-Ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la LMH (ley de Memoria Histórica».

A juicio de los Franco, dicho decreto del Gobierno tiene un «carácter radicalmente inconstitucional» en al menos cuatro apartados. Son el artículo 86, «que recoge los requisitos constitucionalmente exigidos para que el Gobierno esté habilitado para dictar un Decreto-Ley»; el artículo 14, «al tratarse de una ley de caso único»; el 16.1, «por vulnerar el derecho fundamental a la libertad religiosa»; y el 18, «por vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y familia y a la propia imagen».