La familia Franco niega una compra simulada del Pazo de Meirás, cuyos gastos «siempre» sufragó el dictador

En su escrito, de 115 folios, los letrados Utrera-Molina y Gil Evangelista, del bufete J. Y. Hernández-Canut, sostienen que el Estado jamás poseyó como «dueño» este inmueble en vida de Francisco Franco por más que gestionara y sufragara determinados gastos vinculados al Pazo, «toda vez que ello se limitó a lo que derivaba del uso público que, en parte o en gran medida, se hacía de este inmueble en su condición de residencia del jefe del Estado», pero no se extendió a otras gestiones y gastos vinculados a una propiedad inmobiliaria, que fueron asumidos y sufragados por Franco e incorporados a sus respectivas declaraciones de la renta.

En su demanda, los servicios jurídicos del Estado argumentaron que ya había sido comprada el 3 de agosto de 1938 a los herederos de Emilia Pardo Bazán, por lo que la compraventa de 1941 tuvo que ser un fraude. La familia Franco lo niega.

«La escritura de compraventa de 1941 por la que Francisco Franco adquirió el Pazo de Meirás y lo inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad no fue una operación simulada y fraudulenta», como afirma la Administración al reputar validez a la compraventa de 1938 en la que la denominada «Junta Pro Pazo del Caudillo» figuraba como compradora. «La supuestamente desconocida escritura notarial de 1938 que esgrime la Administración para fundar su argumento no produjo ni pudo producir la transmisión de la propiedad del Pazo, pues se formalizó antes de que la vendedora (Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo la escritora gallega) hubiese tramitado la obtención del insdispensable «título sucesorio»a partir del cual poder vender o disponer del inmueble, pues el Pazo era propiedad de su hijo, Jaime Quiroga, asesinado en agosto de 1936.

Por otro lado, prosiguen los letrados, la «donación» del Pazo a Franco por parte de la Junta Pro Pazo en un pergamino que data de 1938 no fue más que «un acto simbólico por el que se escenificó la entrega» del Pazo al dictador , y carece de validez «al no haberse verificado en escritura pública por parte de su legítimo propietario».

En resumen, ante la evidencia de las deficiencias legales de los títulos y transmisiones de 1938, Esteban Collantes (la venderora) llegó al año 1941 siendo la propietaria legal del inmueble, por lo que todas las partes intervinientes en el proceso, es decir, vendedora, Junta Pro Pazo y Franco) «decidieron simplificar el proceso y formalizar una escritura de compraventa en el año 1941, transmitiendo directamente la propiedad a Don Francisco Franco, lo que no era sino el efecto final que todos los que tuvieron alguna particpación en el proeso de venta del Pazo de Meirás habían manifestado expresamente desde un principio».

No obstante, el escrito señala que aunque se admitiese que el Estado hubiese llegado a adquirir la propiedad de este inmueble por usucapión, jamás lo habría hecho como bien de dominio público, entre otras cosas por la evidencia de que fue Franco quien a título personal asumió los gastos del Pazo y declaró a Hacienda los rendimientos que el mismo reportaba.

Cuestionan también los abogados que la reclamación de la propiedad llegue precisamente en este momento, más de 50 años después de que se hubiera podido plantear. Durante todo este tiempo las Administraciones Públicas «han efectuado explícitos reconocimientos» de que la propiedad del inmueble correspondía a Franco y a sus sucesores. Prueba de ello, argumentan, es que el Estado se ha desentendido desde 1975 respecto a los gastos que ha supuesto su conservación y mantenimiento (especialmente ante la reconstrucción a la que obligó el incendió que sufrió en 1978) o la exigencia de obligaciones a la familia Franco en su condición de propietarios del inmueble que comportó la declaración del Pazo como «Bien de Interés Cultural» en el año 2008.