Agentes expulsados por cumplir la Ley

Según denunciaron algunos agentes, la alcaldesa del municipio, Montserrat Candini, de Junts pel Sí, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, llamó al director del hotel y le dijo que «o nos echa o paraliza el expediente de una licencia de reforma total del hotel». Los guardias civiles también han revelado la existencia de varias llamadas anónimas en las que amenazan con quemar el hotel e incluso con matar a los padres del propietario .

La víspera hubo una concentración de independentistas en la puerta que insultaron a los guardias y les exigieron que se fueran de Cataluña. La regidora sostiene que los guardias «agredieron» a manifestantes «pacíficos». Este lunes algunos trabajadores no acudieron al hotel e incluso fallaron varios proveedores. De hecho, el establecimiento ha cerrado y ha tapiado la entrada con maderas.

Fuentes consultadas por ABC sostienen que el trato recibido por los guardias en los hoteles ha sido «magnífico», pero han tenido que ceder a la presión.

El Ministerio del Interior realojó ayer a los antidisturbios de la Guardia Civil en una residencia militar. Por otro lado, en Figueras (Gerona), la propietaria de un gimnasio ha «invitado» a un pelotón de antidisturbios, compuesto por veinte agentes, a no volver a su establecimiento. Un miembro de los GRS ha relatado a ABC que la propietaria les dijo ayer «que no fueran más a entrenar, que les devolvía el dinero pero que no volvieran a pisar el gimnasio porque está sometida a muchas presiones ».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunciaron públicamente los hechos. Desde la AUGC sostienen que la presión se ha trasladado también a las familias de guardias civiles que vivían «plenamente integrados en Cataluña».

Citan el caso de un agente destinado en la provincia de Lérida que ayer supo que en el colegio de su hijo, de tan solo cinco años , «el profesorado estaba relatando a los alumnos un discurso en el que se criticaba la actuación de los guardias civiles y los policías nacionales» en la jornada del referéndum ilegal.

Ayer, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de «violación de derechos» y «brutalidad» en Cataluña cuando cumplían con la orden judicial de impedir la consulta del 1-O . El jefe del Gobierno catalán anunció querellas contra la actuación policial e incluso exigió la retirada de los policías y guardias civiles desplazados al territorio catalán.