La exjuez Le Vert, azote de ETA en Francia, duda del desarme de la banda

Entre esos héroes de uniforme y toga está la magistrada francesa Laurence Le Vert . Desconocida para la inmensa mayoría de la opinión pública, ha sido el azote de la justicia gala contra ETA desde 1986 hasta su jubilación, el año pasado. Infatigable labor por la que ha recibido algunas de las más altas condecoraciones de nuestro país, como la Medalla de Plata al Mérito Policial o la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Ayer rompió su distanciamiento habitual de los medios de comunicación para participar en un acto sobre la banda terrorista organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander. Allí dijo no «estar convencida» del proceso de desarme de ETA , escenificado el pasado mes de abril en Bayona con la entrega de 20 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y diferentes detonadores y munición. En su opinión, los llamados «artesanos de la paz» contaron «cosas no creíbles» mediante un proceso de mediación que calificó de impostado, lo que coincide con el diagnóstico que en su momento hicieron los servicios de Información de las Fuerzas de Seguridad españolas.

« Las armas se están devolviendo con cuentagotas y no debemos olvidarnos de que son material robado», advirtió. También señaló que los terroristas «no tienen derecho a poner la mano sobre esos materiales, que tienen que ser devueltos o incautados de inmediato».

Después de hacer un repaso por su carrera como magistrada para la lucha antiterrorista, recordando que asumió la XIV Sección Judicial del Tribunal Superior de Paris -institución homóloga a la Audiencia Nacional- cuando ningún juez quería instruir el «dossier vasco», dijo que la derrota de ETA se ha debido a la « presión policial », a la «falta de logística» de la banda para continuar delinquiendo y a la situación de «agotamiento» que viven los familiares de los presos.

Diana de la organización, que intentó asesinarla mediante un atentado fallido, Le Vert aseguró que las tres décadas en las que logró sentar en el banquillo a cerca de doscientos etarras fueron «muy complicadas» pero satisfactorias.

«Ninguno de nosotros nos arrepentimos de los años pasados en la lucha contra ETA», manifestó. «Lo único que espero es que hayan servido para que España haya podido pasar página y para que se repare el daño causado a las víctimas», concluyó. Le Vert pronunció estas palabras en presencia de Mari Mar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el edil de Ermua secuestrado y asesinado por ETA.

Precisamente, coincidiendo con el veinte aniversario de su muerte, la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), la fundación FAES y el Partido Popular del País Vasco tienen previsto rendirle diversos homenajes que se celebrarán hasta el mes de agosto en algunas de las provincias que componen la geografía española. Con ellos se pretende recuperar el «espíritu de Ermua» , que según la FVT «asentó las bases de la mejor y más eficaz política antiterrorista; la que defiende que tiene que haber vencedores: las víctimas, la sociedad democrática y el Estado de derecho; y que tiene que haber vencidos: los terroristas y sus cómplices».

Con esos actos conmemorativos se busca, además, poner el foco de atención en la necesidad de « esclarecer los cientos de crímenes sin resolver y responder al derecho a la justicia que las víctimas reclaman», dicen desde la FVT. También esperan que sirvan para «denunciar la legitimación del terrorismo en el País Vasco y Navarra».

Por su parte, desde FAES señalan que «el reconocimiento de las víctimas no es sólo un imperativo moral sino que se trata de un activo crucial para derrotar a los terroristas». Y apuntan a los partidos nacionalistas comolos responsables de «manipular a la sociedad», al diferenciar entre «los fines, presuntamente legítimos de ETA, y sus medios rechazables», cuando toda su actividad es execrable.

Precisamente, EH Bildu intentó ayer echar por tierra varias iniciativas para rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco. En San Sebastián fue la única formación del Ayuntamiento que se posicionó en contra de hacer pública una declaración institucional para recordar al concejal popular, cuya muerte, reza el texto aprobado, «conmocionó a una sociedad que había expresado su rechazo a la violencia». El ala vitoriana de la coalición radical, por su parte, rechazó un manifiesto semejante a través del cual el resto de grupos quisieron denunciar el secuestro y el «vil asesinato» del edil de Ermua, quien forma parte de la «memoria social y política» del territorio.