El exjefe de la UDEF niega órdenes de Fernández Díaz para boicotear la Gürtel

Olivera, que acude como imputado por los indicios de que sí estaba al tanto, al menos, por boca del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha negado que recibiese la llamada del ya exministro que indicó el mencionado investigador de Gürtel, el inspector Manuel Morocho, cuando pasó ante el juez la semana pasada en calidad de testigo, según informan a ABC fuentes jurídicas.

Morocho testificó que en junio de 2013, Olivera le reunió en un bar y le propuso un puesto de agregado en Lisboa mucho mejor remunerado que el suyo. Durante el encuentro, atendió a una llamada de teléfono y le hizo saber que quien llamaba era el ministro del Interior interesándose por ese cambio de destino.

Sin embargo, Olivera ha negado haber tenido nunca contacto con Fernández Díaz o tener siquiera su teléfono, igual que ha negado haber tenido relación con otros investigados por la Kitchen: ni María Dolores de Cospedal, a quien solo vio una vez en un acto social; ni su marido Ignacio López del Hierro; ni el exsecretario de Estado Francisco Martínez. El que era jefe de la UDEF asegura que no tenía contacto con ninguno .

Olivera sí ha reconocido que aquella cita en un bar con Morocho existió y que de hecho, se habló de Lisboa porque él le contó que le habían ofrecido un traslado, pero sin más. Ni él se lo propuso ni tenía capacidad para hacerlo. Dice además que la llamada que recibió fue de su mujer, en tiempos compañera del inspector, y que de hecho, eso explica que tras la cita en el bar acabasen cenando todos juntos en su casa. En esto sí coincide con la testifical que prestó aquel.

Ha incidido también en que la UDEF era la comisionada por el juez para investigar la Gürtel, no ya tanto Morocho personalmente, y ha llegado a criticar que no siendo el único policía que había en esa causa , tienda a atribuirse más responsabilidades y protagonismo de los que de facto ostentaba, de acuerdo a las mismas fuentes. Le ha calificado como «narcisista» poniendo en cuestión, además, el resto de las supuestas presiones de las que habló en sede judicial, como la supervisión de sus informes sobre la caja B y los papeles de Bárcenas.

En este punto, Olivera ha asegurado que en la UDEF se trabaja así. Cuando un policía redacta un informe se lo presenta a su superior y este, al que está inmediatamente por encima, llegando en casos a pasar por la mesa del comisario principal que esté al mando. Según su versión, no es afán de manipular ni presionar, sino de supervisar para evitar que luego un juez «saque los colores» a la unidad por un trabajo mal hecho. Morocho, ha añadido, era un tipo «especial» que «no daba su brazo a torcer».

El exjefe de UDEF solo ha aceptado responder al juez y a su propia defensa sobre la operación Kitchen y no en relación a todo, pues alega que no tiene conocimiento completo del sumario, alzado hace unos días. De hecho, ha llegado a ofrecerse para declarar más adelante, una vez se estudie las actuaciones, después de que el juez le apercibiera sobre las evidencias en los audios y las anotaciones de Villarejo que ponen en duda su versión.

De hecho, para la Fiscalía Anticorrupción hay indicios claros de que Olivera estaba al tanto de aquel despliegue policial y entre otros, un audio en el que Villarejo habla con él sobre el confidente de la trama y presume de la información que han conseguido. Constan también notas en sus agendas que le sitúan en una fase previa a la Kitchen que consistiría en «ayudar a Bárcenas» tal y como dejó plasmado el comisario.

Los fiscales hablan de una suerte de proyecto de «control de daños» para el PP frente al escándalo de Gürtel, en 2012, antes de que se desplegase la operación, pero a lo largo de la causa también han dejado por escritas sus sospechas de que Olivera podía tener algún tipo de concierto económico con Villarejo y su clan por el que contribuiría facilitando información o maniobras. Ha negado taxativamente haber cobrado del entramado.

Esto explica que la primera pregunta que ha enunciado el juez versase sobre la relación de Olivera con el comisario y que se remonta a hace más de veinte años. Ha relatado que se lo presento el entonces comisario general de Policía Judicial, Jesús Espigares, diciendo que colaboraba con ellos y que sus empresas se utilizaban en determinadas misiones.

Se ha explayado en este sentido, llegando a cuestionar que ahora, los que fueron superiores de Villarejo nieguen conocimiento de su forma de trabajar. Todos sabían, según Olivera, que el comisario tenía un entramado empresarial que se utilizaba «como cobertura» y ha citado dos: el caso Malaya y el propio caso Gürtel, donde habría proporcionado información de Martinsa objeto del procedimiento.