El exjefe de la Policía afronta cinco procesos judiciales

«La operación Kitchen no existe», vociferó Pino a los periodistas a las puertas de los juzgados la semana pasada, pero la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Manuel García Castellón no comparten su criterio. De hecho, le sitúan a la cabeza del encargo sin descartar que las responsabilidades sigan ascendiendo.

El martes declaró durante cuatro horas y definió la operación como «un operativo de captación de información» que se ajustó a la legalidad; el mismo guión que han seguido todos los interrogados en la pieza. En su declaración le asistió el abogado Aitor Martínez del despacho del exjuez Baltasar Garzón , cuyo bufete se encarga de la defensa de otros dos comisarios: Enrique García Castaño, el Gordo, y el exresponsable de Barajas,Carlos Salamanca.

Pino, que se definió como «un patriota» en la comisión de investigación del Congreso sobre la «policía política» y aseguró estar dipuesto a hacer «todo» por España, está imputado por tres juzgados de Madrid. En otras dos causas se ha solicitado también su imputación, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC. De momento, la más grave es la pieza abierta por el pendrive incorporado a la causa contra los Pujol (que posteriormente el juez De la Mata sacó del procedimiento para que no lo contaminara).

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, al que correspondió la investigación, dictó auto de procesamiento el 2 de noviembre contra Eugenio Pino y contra el inspector jefe Bonifacio Díez, que estaba a sus órdenes en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. El magistrado les atribuye los delitos de fraude procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos por el pendrive que contenía información sobre Jordi Pujol Ferrusola y su familia, una información que fue «sustraída» y que Pino y los suyos colaron en el procedimiento ocultando su procedencia.

La acusación particular, ejercida por Jordi Pujol Jr. pide dos años y medio de cárcel y una multa de 12.000 euros para Pino y Díez, mientras que la acusación popular ejercida por Podemos eleva su petición de pena a diez años por estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos.

El auto del juez revela la chapucera maniobra con la que intentaron «blanquear» el origen de esa prueba (dijeron que procedía de un registro judicial en Barcelona, pero era falso) y las contradicciones evidentes de Pino en sus declaraciones. El responsable de la Policía llegó a contar que «Villarejo le ofreció venderle el pendrive por 200.000 euros» en una reunión con el entonces jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

El magistrado deja constancia de las «rivalidades en altos niveles del Cuerpo Nacional de Policía, que pueden haber tenido influencia en el caso que nos ocupa». Esa rivalidad se trasladó a otros procedimientos.

Pino se enfrenta a una tercera imputación en otro juzgado, el de Instrucción 7 de Madrid en el que se le investiga junto a Villarejo y varios periodistas por injurias y calumnias graves . Le denunciaron el comisarioMartín Blas y el entonces inspector Rubén López, encargados del caso contra Francisco Nicolás.

Nunca un responsable policial de su nivel se ha visto inmerso en tal maraña de causas. A las tres imputaciones citadas, se suman dos peticiones más para que se le investigue: una por facilitar información confidencial a Villarejo, obstaculizar las pesquisas policiales y coaccionar a los agentes, presentada por Podemos y la Asociación de Policía Municipal Unificada en el juzgado que ha dictado auto de procesamiento contra Villarejo y su mujer por la grabación del caso Nicolás. La segunda denuncia es de Pablo Iglesias por la información «falsa» sobre los pagos de Venezuela.