Alegar presión de ETA bastará para que los «exiliados» vascos y navarros puedan votar

El informe encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para determinar la posibilidad de que aquellos ciudadanos que tuvieron que exiliarse por la «limpieza étnica» de ETA puedan volver a votar en el País Vasco está muy avanzado. Los veinte expertos jurídicos, entre los que figuran magistrados, catedráticos o letrados en Cortes, coinciden en que la iniciativa es viable, aunque persisten diferencias de matiz acerca de cómo materializarla.

Antes de que finalice julio, en torno al día 25, estará cerrado y será entregado a Interior. A la vuelta de las vacaciones, en septiembre, el Gobierno estaría en disposición de elaborar un Proyecto de Ley Orgánica que modifique la actual Ley Electoral . En función del consenso y de la agenda del Congreso, la tramitación parlamentaria podría prolongarse entre tres y cuatro meses. Su sencilla reglamentación permite que no sea preciso introducir demasiadas modificaciones en la vigente normativa. En cualquier caso, no llegaría a tiempo si el lendakari decide adelantar las elecciones a noviembre. Pero aunque se celebraran en marzo de 2013, es muy difícil que se aplicara entonces.

Las fuentes consultadas por ABC consideran que, una vez que se ha logrado un amplio consenso entre los expertos jurídicos, sería deseable extender este acuerdo a los partidos. El PSOE y el Ejecutivo de Patxi López , que en un principio mostraron públicamente sus recelos, parecen haber adoptado en las últimas fechas una actitud más prudente, a la espera de que finalmente el informe de los expertos tome cuerpo de proyecto de ley. A los socialistas y al lendakari, que se ha erigido en defensor de quienes tuvieron que exiliarse por la amenaza o presión de ETA, les resultaría ahora muy difícil encontrar argumentos para oponerse a esta iniciativa. Una iniciativa que, según los mismos medios, en ningún modo busca influir y mucho menos distorsionar el mapa electoral del País Vasco o Navarra. El proyecto de ley que se pretende busca la reparación de una injusticia sufrida por quienes, debido a la amenaza terrorista, se vieron obligados a abandonar su ciudad y, como consecuencia de ello, votar en el lugar de acogida.

Tras analizar una primera ponencia, elaborada por el profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense Fabio Pasqua , y otra posterior, a cargo de Pablo Santolaya , catedrático de Derecho Constitucional, el grupo de expertos ultima una ponencia de síntesis, que esperan entregar en breve. Está ya muy avanzada, pero quedan pequeños flecos.

Existe consenso en el sentido de que puedan beneficiarse de la futura modificación de la ley electoral aquellos ciudadanos que demuestren que han estado censados en el País Vasco o Navarra durante un tiempo razonable. En este punto se dan algunas discrepancias. Unos expertos se inclinan por establecer que ese tiempo sea de 5 años, y otros prefieren ampliarlo hasta 10 . Coinciden en que podría ser a partir del día en que se refrendó la Constitución.

Estos ciudadanos tendrán entonces que hacer una declaración ante la Oficina del Censo Electoral , en la que indiquen que se marcharon del País Vasco o de Navarra «debido a...». Y es aquí donde se trata de resolver otra diferencia de matiz. Unos consideran que la causa sea la «amenaza», mientras que otros prefieren que el motivo sea «la presión» del terrorismo. Parece que la mayoría se inclina por esta última, al considerar que ya es razón suficiente. Se pretende, y en esto hay consenso pleno, evitar un nuevo sufrimiento, removiendo el pasado, de aquellos que se vieron forzados al exilio. Por ello se descarta que lo tengan que demostrar mediante pruebas o fruto de una investigación . No importa el tiempo que lleven censados fuera del País Vasco o Navarra.

Unos expertos defienden que una vez tomada y tramitada la decisión de volver a votar en el País Vasco o Navarra, debe de ser irreversible. Otros prefieren que sea revocable y, en este caso, se podría establecer un plazo, por ejemplo, de ocho años. Prácticamente todos los expertos coinciden que la reparación de este derecho debe excluir a los hijos u otros familiares .

El criterio más generalizado entre el grupo de veinte expertos jurídicos es que la restitución de este derecho sea aplicable a todas las elecciones, aunque algunos defienden que solo sea para algunas, como las autonómicas. Se debate también estos días cómo se ejercitaría el derecho al voto. Unos piden que sea por correo, mientras que otros proponen que se acuda al colegio electoral del País Vasco o Navarra que le corresponda.