Pedro Sánchez y Pablo Casado, en el Congreso de los Diputados - EP | Vídeo: Así ha sido la argucia del Gobierno para modificar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria (ATLAS)

El TC exige homogeneidad entre la enmienda y la ley

El Grupo Popular estudia ya un recurso ante el órgano de garantías al entender vulnerado el procedimiento legislativo

MadridActualizado:

Hasta seis sentencias del Tribunal Constitucional han insistido desde el año 2011 en la necesidad de congruencia de las enmiendas con el proyecto o la proposición de ley a la que se refieren. Lo contrario, ha advertido el órgano de garantías, vulnera el derecho fundamental del parlamentario, el proceso de formación de voluntad de las Cámaras y el derecho del autor de la iniciativa en cuestión.

La polémica ha calentado al máximo el ambiente en el Congreso, después de que el Grupo Socialista registrara ayer, a última hora y a escondidas, una enmienda a una ley con medidas contra la violencia de género para modificar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, y conseguir anular la potestad última que tiene el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, de vetar los objetivos de déficit y deuda pública, es decir, de frenar los Presupuestos.

En todas sus resoluciones el TC ha entendido que las enmiendas de los parlamentarios a una iniciativa legislativa constituyen, a su vez, iniciativas subordinadas a las mismas. De ahí que deban guardar una mínima homogeneidad o congruencia con la regulación que pretenden modificar. Los magistrados exigen así un hilo conductor material, aunque sea muy fino.

De esta forma, se abre la puerta a que los diputados afectados por la argucia legal del Grupo Socialista recurran al TC en amparo de forma individual o presentando un recurso de inconstitucionalidad alegando la infracción del procedimiento legislativo, señalaron fuentes jurídicas a ABC.

Necesidad de congruencia

Se pueden recurrir por amparo de los parlamentarios individuales o a través del Recurso de inconstitucionalidad: puede declarar inconstitucional, por motivos formales, una ley que se haya aprobado por el Parlamento con grave infracción del procedimiento legislativo.

En una de estas sentencias, de 2011, y ante el recurso presentado por un grupo de senadores, el Tribunal señaló que «los recurrentes vieron restringidas sus posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto que planteaba una problemática política por completo ajena a la que hasta ese momento había rodeado al debate sobre la Ley de arbitraje, frente a la que no pudieron tomar una postura que se concretase en propuestas de enmienda o de veto».

Dos meses después, el órgano de garantías incidía en la necesidad de congruencia extendiendo esta obligación al Congreso de los Diputados. No lo dijo de forma taxativa pero sí hay mención expresa del debate de totalidad en el Congreso de los Diputados. Una vez fijado el marco material de la norma en el debate de totalidad con que normalmente se inicia el procedimiento en el Congreso, los diputados no podrían formular enmiendas que no sean congruentes con dicho marco, señaló.

En base a la doctrina del TC, fuentes parlamentarias populares estudian ahora la posibilidad de recurrir en la Mesa su admisión a trámite, y apelar al artículo 31.4 del Reglamento del Congreso para parar la ley antes de la votación. Posteriormente es cuando puede recurrirse al TC.

Una «línea roja»

Mientras, el PP también intentará frenar este «fraude de ley», como lo ha calificado Pablo Casado, con todas las herramientas legales y parlamentarias a su alcance en el Congreso de los Diputados. El Grupo Popular pedirá amparo a la Mesa de la Comisión de Justicia. Pero el PSOE cuenta con respaldo mayoritario en ese órgano, así que los populares invocarán el artículo 31.4 del Reglamento de la Cámara ante la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor. Ahí tienen mayoría PP y Ciudadanos.

El PP considera que puede frenar en la Mesa el intento del PSOE de burlar la ley. Fuentes próximas a Casado advirtieron de que no van a consentir que Pedro Sánchez traspase esa línea roja «antidemocrática». La decisión de la Mesa debe adoptarse, en todo caso, antes de la votación de la enmienda.

Fuentes populares creen que cuando la Mesa reciba la petición de amparo del Grupo Popular, la presidenta del Congreso pedirá un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, para que se pronuncien sobre la posibilidad de parar en seco ese «fraude». A partir de ahí, confían en que la resolución sea favorable y Sánchez no pueda seguir adelante con su argucia.

En en entorno de Casado son optimistas, y creen que hay «bastantes posibilidades» de que la Mesa del Congreso pueda paralizar el intento del Gobierno socialista de dejar sin efecto la mayoría del Senado, mediante una enmienda en una ley contra la violencia de género.