JpS exige a sus diputados estar cerca de Barcelona en agosto por si se acelera el proceso independentista

Los diputados autonómicos de JpS estarán disponibles para cualquier necesidad, principalmente para aprobar las llamadas «leyes de desconexión» que la Generalitat espera superar rápidamente y sin el debate preceptivo gracias a la reforma reglamentaria, que ayer dio un paso más.

Turull indicó a todos los representantes de JpS (PDECat y ERC) que estén «localizables y movilizados» durante el mes de agosto , por si se incrementa la tensión entre el Gobierno y la Generalitat con el referéndum ilegal como motivo.

En este sentido, les exigió que estén «activables» en cualquier momento y eviten desplazamientos lejanos, para no faltar a una sesión parlamentaria –que se convocaría de urgencia– y perder así una votación. Cabe recordar que JpS y la CUP suman 72 escaños, solo cuatro más de la mayoría absoluta.

La recomendación cobra sentido teniendo en cuenta que ayer la mayoría de JpS y la CUP dio un paso más en la modificación del reglamento parlamentario , al dejar listo para su aprobación el informe de la ponencia el martes próximo, fecha en la que se convocará previsiblemente la Comisión del Reglamento.

Entre otras cosas, cuando se confirme la modificación del texto –que pasará luego por el pleno– agosto será hábil para la aprobación de leyes ordinarias y se podrá hacer por el trámite de urgencia si dos grupos lo proponen, a diferencia de ahora, que es necesaria la iniciativa del gobierno autonómico o todos los partidos.

Todos los grupos de la oposición están convencidos de que esta reforma permitirá, si no media una suspensión previa –el PSC ha anunciado que llevará la reforma ante el Consejo de Garantías Estatutarias y, si es necesario, hasta el Tribunal Constitucional–, que se aprueben las «leyes de desconexión» que, según las formaciones independentistas, permitirán convocar un referéndum de secesión.

El objetivo está fijado. De hecho, en el pleno de este jueves, JpS, CSQP y la CUP votaron en contra de una moción del PP que instaba al gobierno autonómico a no destinar «recursos públicos» para el referéndum y a «paralizar las licitaciones» para la compra de urnas iniciada por la Generalitat. Cs y PSC se abstuvieron en la segunda propuesta al considerar que la compra de urnas prevista podría no estar vinculada al referéndum.

Por otro lado, todavía resuenan las palabras pronunciadas por el presidente de la Generalitat en sede parlamentaria, el miércoles, en las que retaba al Gobierno a concretar si estaba dispuesto a utilizar «la fuerza» para impedir la celebración de la consulta.

Respondiendo a Carles Puigdemont, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, aseguró que aquel está «deseando que Guardia Civil y Ejército entren por la avenida Diagonal» de Barcelona, para presentarse como «mártir ante su parroquia».

«Puigdemont debe saber que el Gobierno no utilizará la fuerza, porque no es necesario. El Estado de Derecho permite instrumentos para que, de forma ordenada y proporcional, su locura de intentar romper la convivencia no se lleve a cabo», añadió.