Exhumar a Franco obliga a desenterrar también a 20 monjes del Valle de los Caídos

La Abogacía del Estado sabe que si solo se exhuman los restos de Francisco Franco estaríamos ante lo que se denomina como «ley de caso único», una legislación ad hoc, para un propósito puntual, que «sería tumbada por inconstitucional», sostienen fuentes jurídicas consultadas. Por este motivo, el escrito presentado por la Abogacía sostiene que «no es cierto que el Real Decreto-Ley 10/2018 tenga por principal objetivo exhumar los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde».

Nadie duda de que el propósito del Gobierno es sacar de la Basílica el cadáver del dictador y que los cuerpos de los 20 monjes allí sepultados no «molestan» a Pedro Sánchez , pero la Abogacía, sabedora de la posible inconstitucionalidad de hacerlo de ese modo, defiende que el propósito final del Real Decreto es convertir el Valle de los Caídos en «un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje a los fallecidos en la Guerra Civil, disponiendo que sólo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto».

En esta línea, el escrito explica que el real Decreto-Ley dice que «la exhumación de Francisco Franco Bahamonde debe hacerse “en forma preferente”» y, acto seguido, especifica que «preferentemente no es únicamente». Ahí es donde entra la exhumación de los 20 monjes, entre ellos cuatro abades, que recibieron sepultura entre 1963 y diciembre de 2018: «El mandato del legislador contenido en el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica no es único y exclusivo de una persona fallecida sepultada en el Valle de los Caídos, sino que se refiere a todas aquellas personas sepultadas que no fallecieron a consecuencia de la Guerra civil española. De hecho, la Comunidad Benedictina recurrente reconoce la proyección del mandato del legislador a este grupo de personas sepultadas en el Valle de los Caídos cuando alude en su escrito a los monjes benedictinos sepultados en el cementerio de la Abadía y otras personas».

La Abogacía incide tanto en este argumento en su escrito que hasta lo repite: «El Acuerdo no excluye la aplicación del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica a fallecidos sepultados en el Valle de los Caídos que no hayan sido víctimas de la guerra civil española. Por lo tanto, no se trata de una “ley de caso único”. Como ya se ha dicho en este escrito, la parte recurrente reconoce que el mandato legal trasciende a otras personas, entre las mismas, veinte monjes benedictinos enterrados en el cementerio de la Abadía».

Esto supondrá un nuevo escollo para el Gobierno, que se suma a la oposición de los descendientes de Franco y a la negativa del prior a autorizar la entrada en la Basílica. Fuentes de la Orden benedictina aseguran a ABC de forma tajante que «nuestros hermanos fallecidos no saldrán de aquí», Se preguntan «dónde los vamos a llevar, si cada monasterio es independiente»: «Solo los exhumaríamos si la Orden abandonara la Abadía de la Santa Cruz».