El exconcejal de Marbella, Carlos Fernández, se entrega a la Justicia

La Policía Nacional registró la vivienda de Fernández el 27 de junio de 2006, en plena segunda fase de la operación 'Malaya', y al día siguiente su entonces letrado remitió al juzgado un escrito en el que el exedil se ponía a disposición de la justicia para colaborar y aseguró que éste estaba haciendo el Camino de Santiago, aunque desde entonces se desconoce su paradero. Luego, fue declarado en rebeldía.

Según han precisado a Europa Press las fuentes, la entrega ya se habría realizado , personándose en un juzgado del país en el que se encuentra y la intención es llevar a cabo los trámites del protocolo de extradición.

Esta decisión de entregarse se produce después de que un abogado y un procurador remitieran hace unos meses un escrito dirigido al juzgado que instruyó el caso 'Malaya', Instrucción número 5, para personarse en el procedimiento en nombre de Fernández y que el juez se pronunciara sobre la prescripción de los delitos que se le imputan.

El órgano instructor desestimó, mediante una providencia dictada en abril, la personación de los profesionales en nombre de Carlos Fernández, rechazo que fue reiterado en mayo en contestación de un recurso de reforma del letrado.

No obstante, el abogado presentó un recurso de queja ante la Audiencia, que la Fiscalía pidió que se desestimara y que se mantuviera la inadmisión de la personación, al recordar que el exedil estaba en busca y captura sin estar a disposición del juez o del Tribunal encargado del caso 'Malaya', ya en fase de ejecución de sentencia, según han señalado las fuentes consultadas.

La Audiencia ahora se ha pronunciado al respecto, desestimando las pretensiones del letrado en cuanto a la personación , declarando la firmeza de las resoluciones impugnadas, han apuntado, al considerarlas, al igual que la Fiscalía, ajustadas a derecho.

El Tribunal, coincidiendo con el instructor, entiende que Fernández está desde el principio del caso 'Malaya' huido de la actuación de la justicia, por lo que no se sostiene que pida la personación de estos profesionales sin haberse puesto a disposición del tribunal para poder ratificar ambos nombramientos.

En cuanto a la prescripción, el Tribunal señala que el juzgado deberá pedir a la Fiscalía y al resto de acusaciones que existen en la causa que se pronuncien expresamente sobre esta cuestión.

En 2005, el exedil fue condenado por malversación a dos años de cárcel por apropiarse de unas ayudas públicas. Estaba acusado de cohecho, prevaricación, malversación y fraude, por supuestamente recibir 150.000 euros del exasesor de urbanismo Juan Antonio Roca, cerebro de la trama.