Un exalcalde del PSC de Santa Coloma niega que permitiera a la trama Pretoria dirigir el consistorio

En el primer interrogatorio de la vista oral, que comenzó con retraso por problemas técnicos con el sistema de grabaciones de la Audiencia Nacional, Bartolomé Muñoz ha negado todas las acusaciones que pesan sobre él: ha asegurado que nunca manipuló ninguna adjudicación pública ni permitió ningún beneficio «a costa del ayuntamiento» a su favor o de personas de su entorno.

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años y diez meses de prisión para el antiguo alcalde socialista, que fue concejal de Santa Coloma de Gramanet desde 1983, a quien acusa de permitir que el capo de la trama «marcara las directrices y pautas de ejecución» del plan urbanístico conocido como Operación Pallaresa, que consistió en la venta de tres parcelas que ocupaban 13.000 metros cuadrados para su cesión para la creación de un centro terciario y residencial, que pretendía incluir una zona comercial, un hotel y cuarenta viviendas de protección oficial.

El Ministerio Público considera que la actuación de Bartolomé Muñoz fue «esencial» para que la corrupción triunfase en esta operación, que favoreció a la empresa de otro de los acusados en el juicio: el constructor José Singla . Según Anticorrupción, el alcalde, el concejal de urbanismo Manuel Dobarco y «Luigi», antiguo diputado autonómico del PSC, manipularon con sus actuaciones el concurso público para beneficiar a una empresa, a cambio de lo que recibieron comisiones ilícitas. El antiguo alcalde cobró por este rol delictivo 1,72 millones de euros, así como un ático contiguo a su domicilio habitual, explica la fiscal.

A pesar de sus negaciones, las conversaciones telefónicas expuestas por la Fiscalía demuestran las relaciones de Muñoz con los acusados «Luigi», el capo de la red, y Singla, el empresario que se benefició con la operación investigada. En una de ellas se escucha como el exalcalde de Santa Coloma le expresa a «Luigi», su amigo de siempre: «Quiero se postre a mis pies», en alusión al constructor al que iban a favorecer a cambio de comisiones y agasajos. En otra grabación, Muñoz le expresa directamente a Singla: «Menos lloriqueo y más agradecimiento». El acusado no ha respondido a las cuestiones sobre estas grabaciones, pues su abogado las ha impugnado por vulneración de derechos fundamentales: su deseo es que el tribunal no las tenga en cuenta por defectos de forma, ya que prueban en gran parte los entresijos de la trama.

El acusado ha insistido en su declaración que él no se encargó «de nada» relacionado con esta operación urbanística, que fue aprobada en un momento previo a su llegada a la alcaldía del municipio. Muñoz ha justificado su firma en la escritura pública que transfirió las parcela y su voto favorable a la operación en que se fío de «los informes del secretario y los interventores», los técnicos. «Desconocía completamente el proyecto», ha llegado a afirmar el acusado.

En este juicio están también acusados los antiguos altos cargos de la Generalitat de Jordi Pujol Lluis Prenefeta y Macià Alavedra , dos clásicos de la vieja guardia del «expresident». El Ministerio Público les acusa de presionar a cargos públicos de los ayuntamientos de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresas de la trama investigada y de cobrar a cambio comisiones ilícitas que blanquearon. La Fiscalía ha ofrecido a Alavedra rebajar su petición de pena (de seis años y diez meses de cárcel) si reconoce los hechos y paga una multa superior a 10 millones. La trama operó entre 2001 y 2009.