Una estrategia errónea debilita a España contra el crimen organizado

En 2015, sin embargo, el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, cometió uno de esos errores estratégicos cuyo precio no se paga de inmediato, pero que a día de hoy, con la invasión de Ucrania, comienza a abonarse, con intereses: el desmantelamiento de algunas de las estructuras que, con una eficacia incuestionable, nos habían colocado en la cúspide de la lucha contra el crimen organizado ruso, no solo en lo que se refería a operaciones concretas sino, de forma muy importante, en materia de Inteligencia.

Desde algunos sectores del poder político, y también judicial, se cuestionaba desde hacía tiempo la utilidad de las investigaciones contra estos entramados; es más, jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, así como algunos destacados miembros del ministerio público, han desdeñado hasta hace muy poco esos procedimientos, en una pasmosa demostración de incapacidad para entender su trascendencia. Hoy, curiosamente, alguno de ellos pide listas de rusos investigados en España por su relación con el crimen organizado para poder aplicar las sanciones aprobadas por la Unión Europea. Alguno de los nombres que aparecen en ellas han sido ya absueltos e incluso hay otros fallecidos, lo que demuestra cierto caos en un asunto capital.

El año clave para poder entender la pérdida de pulso es 2015. Tal como informó ABC entonces, el Gobierno, en su directiva anual sobre los servicios de Inteligencia, ordenó reforzar su área contra el terrorismo yihadista, no ya con muchos de los agentes que hasta pocos antes se habían dedicado a combatir a ETA, sino también con otros que luchaban contra las formas más complejas de crimen organizado, que suponen una amenaza para el orden económico de España y su seguridad. En otras palabras; los funcionarios dedicados a las mafias rusas y chinas dejaban ese trabajo para reforzar a los que combatían a Daesh.

La reordenación de las actividades del CNI fue justificada por el Ejecutivo como inevitable porque el centro cada vez acaparaba más protagonismo y era más decisivo en la lucha contra el terrorismo yihadista. Al no contar entonces con más agentes que pudieran reforzar esa área crítica, y en un momento en que la amenaza había crecido hasta su máximo nivel desde el 11-M, la única opción que se vio fue la de reasignar a esos cometidos al personal dedicado al crimen organizado.

Entonces se aseguró que la retirada del CNI de la lucha contra las mafias más peligrosas era parcial, ya que se seguiría ocupando de las formas graves de criminalidad organizada, y muy especialmente de aquella que tiene connotaciones directas para la seguridad y soberanía nacional y está relacionada con círculos de poder de otros países. Sin embargo, el paso de los años demostró que el trabajo en esta materia se resentía de forma importante.

El papel del CNI siempre ha sido imprescindible en esa lucha porque sus relaciones privilegiadas con otros servicios de Inteligencia y sus fuentes de información han sido material clave para el avance de investigaciones muy complejas, como la operación Avispa, Troika o Java, todas contra las mafias rusas.

En aquel momento se aseguró asimismo que la Policía y la Guardia Civil tratarían de ocupar el vacío dejado por los servicios de inteligencia, pero lo cierto es que también estos Cuerpos acabaron por dedicar menos esfuerzos a combatir esas organizaciones criminales. Era, sobre todo, un deseo, porque en temas tan delicados es imposible hacer un trasvase de fuentes entre agentes , ya que las relaciones están basadas en la confianza.

Pero además las Fuerzas de Seguridad comprobaron que determinadas sentencias, como la de la operación Troika, cuestionaban la eficacia de estas investigaciones. Hay que decir, no obstante, que no todo han sido reveses judiciales, como demuestra la reciente condena de la Audiencia Nacional por blanqueo de Irina Ussova, que no pudo ser juzgada en el juicio Troika al estar en rebeldía . En ella se hace una crítica implícita a los criterios aplicados por el tribunal que absolvió a los implicados en el primer juicio.

En estas condiciones, la lucha contra el crimen organizado ruso ha languidecido. La última de las investigaciones importantes es una abierta en un juzgado de Marbella en 2016: el caso 'aguas de Mijas', por pertenencia a organización criminal y blanqueo, cuya instrucción está prácticamente acabada a falta solo de la pericial tributaria. Desde hace tiempo, en la Audiencia Nacional no se ha querido saber nada de este tipo de procedimientos, siempre complicados, que necesitan de grandes esfuerzos y la colaboración internacional, y además la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado parece haber olvidado la segunda parte de su razón de ser. De nuevo, errores de estrategia que pagamos hoy, cuando podríamos sacar de verdad rendimiento a un trabajo de muchos años que contaba con el reconocimiento de la comunidad internacional.

Al menos, aún nos cabe el orgullo de ser el único país que tiene investigados judicialmente a oligarcas como Mikhail Fridman, Vladimir Tiurin, Ilia Traber y Guennadis Petrov ; sobre los tres últimos, además, pesa una orden de detención internacional. Asimismo, aún se mantienen relaciones privilegiadas a nivel personal con actores clave en el combate contra el crimen organizado ruso que se forjaron entonces.

Es muy llamativo que desde 2015 España haya tenido esos errores en la percepción de la auténtica gravedad del fenómeno y sus implicaciones porque ya entonces se había producido, entre otras, la crisis de Crimea y la propia Unión Europea había aprobado un reglamento, el 269/2014, «relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia» del país que ha sido invadido hace cerca de un mes. Un reglamento, por lo demás, que marcaba más de 700 objetivos a los que aplicar sanciones económicas , bastantes de ellos con intereses aquí, y que ha sido utilizado ahora por el Gobierno para retener megayates de oligarcas.

En la misma medida que España perdía posiciones en el combate contra el crimen organizado ruso y sus conexiones con el poder político aumentaba la preocupación en la comunidad internacional, por ejemplo en el marco de la OTAN. Expertos consultados por ABC explican que los países occidentales tienen muy claro que Vladímir Putin utiliza a las mafias rusas, de las que proceden algunos oligarcas, como estrategia de dominación de países.

El diagnóstico es congruente con las informaciones obtenidas por agentes españoles durante las investigaciones a ese crimen organizado. Desde el primer momento, Putin se dio cuenta de que las empresas energéticas eran la clave para la expansión del país y su sueño de reconstruir la 'Gran Rusia'. Por eso decidió controlarlas, permitiendo la permanencia de los oligarcas al frente de las compañías pero dejándoles muy claro que tenían que servir a los intereses del Estado. «Su mensaje –explica un agente de los servicios de Información– fue transparente: ellos podían ganar todo el dinero que quisieran y el Gobierno incluso les beneficiaría, pero siempre que siguieran las directrices . En caso contrario lo pasarían mal». De hecho, algunos de ellos, como Mijail Jodorkovski, presidente de Yukos, lo hizo y acabó detenido en 2003 y condenado luego a nueve años de cárcel que cumplió en una prisión de Siberia.

También está el caso de Vladimir Gusinski, dueño del imperio de comunicación ruso Media Most. Desde NTV, el primer canal privado de televisión, apostó por el alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, en las presidenciales de 2000. El canal llegó a ser tomado por el Ejército. Dos días de cárcel en Moscú y la amenaza de traslado a una celda con tuberculosos lo convencieron para ceder el grueso de sus activos en Rusia.

El oligarca Boris Berezovski también tuvo que abandonar su país . A medida que su fortuna menguaba, recortó el apoyo que prestó a la oposición en sus primeros años de exilio, cuando aseguraba en videoconferencias que pronto habría una Rusia sin Putin. En Londres lo acompañaba Alexander Litvinenko, que declaró que el FSB le había ordenado asesinar a su amigo. Los servicios secretos británicos, con los que colaboraba, lo recomendaron a otros colegas occidentales, como los españoles. Litvinenko murió víctima del polonio en 2006 y la policía británica implica en esta muerte a Andréi Lugovói, otro veterano de los servicios de seguridad, hoy diputado en el Parlamento ruso.

Pero además, los expertos internacionales sitúan el crimen organizado ruso como una de los ejes clave de la guerra híbrida por la que ha apostado Putin, al mismo nivel que las operaciones militares, las acciones de desinformación y la ciberseguridad. El abogado de uno de los acusados en la operación Troika, en su escrito de defensa, asegura que Guennadis Petrov, jefe de la Tambovskaya y como se ha dicho huido, era amigo personal del presidente ruso.

Mediante el crimen organizado Putin consigue influir en las economías de los países en los que se asienta por su capacidad de desestabilizarla. De ahí que España parara los tres primeros intentos de Lukoil de penetrar en nuestro territorio , lo que finalmente consiguió en 2012, en concreto en el Puerto de Barcelona. De hecho acometió una inversión de 50 millones de euros para la construcción de una gran plataforma petrolífera junto con la empresa catalana Meroil.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, presidió la inauguración de la terminal y aseguró entonces saber por qué Lukoil había realizado esa inversión: la existencia de una empresa como Meroil, un puerto como el de Barcelona, así como «una capital como Barcelona y un país como Cataluña». Al acto de inauguración también asistió el presidente de Lukoil, Vagit Alekperov, que curiosamente años antes había sido señalado por el Ministerio del Interior ruso como un jefe del crimen organizado... El independentismo catalán, además, tuvo contactos en la primavera de 2019 con funcionarios rusos para conseguir su ayuda en el proceso de independizarse de España, según sostienen fuentes de Inteligencia.