Estrasburgo cuestiona al TC por condenar la quema de fotos del Rey

Aunque el Tribunal todavía no se ha pronunciado ni siquiera sobre la admisión a trámite del recurso de Jaume Roura y Enric Stern contra la denegación del amparo por parte del TC, fuentes cercanas al tribunal europeo señalan que el hecho de que los magistrados hayan comunicado la demanda al Estado español formulado dos preguntas anticipa que al menos la Sala considera objeto de debate si la libertad de expresión debe o no estar por encima de las injurias a la Corona , como consideró el TC en 2015. Se trató de la primera sentencia en la que el órgano de garantías abordaba esta cuestión, que zanjó denegando el amparo a los dos radicales y confirmando la multa de 2.700 euros que la Audiencia Nacional les había impuesto en 2008 por un delito de injurias.

Detrás de la decisión de Estrasburgo vuelve a planear la sombra del juez español Luis López Guerra, presidente de la Sección Tercera, la que tiene que estudiar la viabilidad de este recurso, y cuya contribución ya fue decisiva en anteriores fallos del TEDH, como el que tumbó la doctrina Parot –la que posibilitó mantener en la cárcel a etarras con condenas milenarias– o el que condenó al Estado español por haber mandado a prisión al portavoz batasuno Arnaldo Otegi por llamar al Rey «jefe de los torturadores». Es la Sección presidida por López Guerra la que ha formulado las dos preguntas a las partes personadas en este procedimiento (los recurrentes y el Estado español): «¿La quema de la foto de los Reyes se puede considerar un acto de incitación al odio, como señala el Tribunal Constitucional?». Y dos, «¿ha habido un atentado a la libertad de pensamiento o expresión en el sentido de los artículos 9 y 10 de la Convención (de derechos humanos) teniendo en cuenta los argumentos expresados por los demandantes?». Según ha podido saber ABC, la Abogacía del Estado contestó a ambas cuestiones el pasado mes de agosto haciendo hincapié en que la libertad de expresión no ampara el discurso del odio .

Aunque la decisión acerca de la admisión de este recurso no está en manos solo del juez español (en cada una de las cinco secciones del TEDH hay siete magistrados), las fuentes antes citadas resaltan la contribución decisiva que tiene un juez nacional en los asuntos relativos al país cuyas decisiones se cuestionan ante el tribunal . En este caso, además, López Guerra no está solo, porque la decisión del TC sobre las injurias a la Corona no fue unánime, sino que se tomó con los votos en contra de cuatro magistrados con un perfil ideológico más afín al de López Guerra, secretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Estos magistrados consideraron que en el TC debió amparar la libertad de expresión de los radicales, que el 13 de septiembre de 2007, una vez concluida una manifestación en protesta por la visita de los Reyes a Gerona, colocaron boca abajo una fotografía oficial de Don Juan Carlos y Doña Sofía y, con el rostro cubierto, le prendieron fuego.

El TC sentenció que aunque la Constitución protege la libertad de expresión como «garantía para la formación y existencia de una opinión pública libre», esta libertad tiene límites, entre ellos el de no reconocer «un pretendido derecho al insulto» . Tras recordar que el Código Penal otorga una protección jurídica reforzada a la Corona, «al igual que hace con otras Instituciones del Estado (...), el Pleno señalaba que la destrucción de un retrato oficial «posee un innegable y señalado componente simbólico». A juicio del TC, se trató de un acto de incitación a la violencia y al odio a la Corona.