España vota bajo la sombra de un nuevo bloqueo

Los partidos son conscientes de la ingobernabilidad a la que se enfrentan y, en consecuencia, se han lanzado a proclamar ideas para evitarla: que gobierne la lista más votada, una barrera electoral que impida a los nacionalistas obtener representación, una prima de diputados para el ganador que facilite alcanzar una mayoría... Son ideas que, en unprimer momento, podrían convencer a ese elector medio que está cansado de acudir una vez tras otra al colegio electoral. Sin embargo, implican cambios legislativos e incluso una reforma constitucional que difícilmente podría concretarse. «Si los partidos no se ponen de acuerdo, ¿cómo van a hacerlo con una reforma constitucional, que es mucho más difícil? El panorama no pinta nada bien», se lamenta Juan José Solozábal , catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Este es el mantra más repetido por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , que a pesar de casi duplicar en diputados a la segunda fuerza en las anteriores elecciones (123 escaños del PSOE contra los 66 del Partido Popular), fue incapaz de consolidar una mayoría que le permitiera revalidar el cargo. El politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Pablo Simón , es muy escéptico con medidas de este tipo, incluso cuando se hagan efectivas simplemente con la abstención de otros partidos: «Se desbloquea el Gobierno, pero no logra aprobar sus primeros presupuestos. Vuelve el bloqueo. Se gobierna un año y vamos a elecciones».

Roberto Blanco , catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), también pone el foco del problema en la acción de Gobierno y no en la investidura: «Lo importante es cómo ese Ejecutivo puede gobernar». En este sentido, Carlos Flores , también catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia (UV), sitúa «el problema de la gobernabilidad» en el sistema de partidos: «No existe una política de pactos» , asegura.

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, el socialista Joaquín Leguina , defiende «cambiar el sistema a uno mayoritario a dos vueltas». Es decir, si en unas primeras elecciones no hay un partido que obtenga una mayoría clara (por ejemplo, más de un 50 por ciento de los votos), los españoles volverían a las urnas a escoger entre los dos más votados . Sin embargo, reconoce que «eso implica cambiar la Constitución», que ahora especifica que nuestro sistema es parlamentario (al presidente lo escogen los diputados elegidos por el pueblo) y proporcional.

Blanco reconoce que «puede resolver el problema», pero provocaría un «problema de legitimidad». «Los partidos pequeños tienen ya más de cien diputados, hacer una reforma electoral que los deja fuera plantea un problema de legitimidad que no es una broma», asegura el catedrático de la USC, ya que «el sistema se mantiene porque tiene legitimidad».

Aunque no es partidario de ello y apuesta por que los políticos se sienten a negociar, Solozábal hace también un análisis de un sistema mayoritario uninominal como el que funciona, por ejemplo, en el Reino Unido. Allí, cada distrito (más pequeño que nuestra circunscripción provincial) escoge solo a un representante, el más votado, sin segunda vuelta. Aunque beneficiaría al bipartidismo y otorgaría más estabilidad, «una coalición se puede imponer» a los dos grandes partidos en algunos distritos.

El líder del PP, Pablo Casado , propuso hace unos meses una medida similar a la que ya existe en Grecia : un bonus de 50 diputados para aquel partido que sea el más votado en las elecciones. El presidente popular afirmó que se podía aplicar reformando la ley electoral y no tocando la Constitución, ya que la Carta Magna recoge que el Congreso puede tener hasta 400 diputados frente a los 350 actuales. Esos 50 de diferencia son los que se podrían asignar al partido ganador.

Sin embargo, los expertos consultados tienen serias dudas sobre la constitucionalidad de esta medida . Solozábal afirma que sí sería necesaria una reforma de la Carta Magna, puesto que actualmente recoge que «nuestro sistema está basado en un criterio de proporcionalidad»: «La prima es una distorsión de la proporcionalidad».

El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres del Moral , no comparte esta opinión. Para él, la prima de diputados no estaría mal si se aplicara con una escala «razonable», no tan exorbitada como la propuesta por Casado, y que se asignara según el número de diputados logrados en las elecciones: a mayor distancia de la segunda fuerza, mayor es el beneficio. «Estamos diferenciando justicia de operatividad», asegura.

Torres del Moral está convencido de que una medida así sería avalada por el Tribunal Constitucional (TC), que «ha llegado a decir que todo lo que no es mayoría es proporción»: «En materia electoral, el TC está por facilitar las cosas . En este sentido, se mueve con criterio de gobernante, no de juez. Lo aceptaría si es necesario porque lo contrario significaría parálisis», zanja.

«En caso de casi empate, los que han decidido siempre son los nacionalistas, que ahora están subidos a una burra que nos lleva al precipicio», afirma Leguina . Por ello, Ciudadanos propone una barrera electoral del 3 por ciento a nivel nacional. Es decir, que aquellos partidos que no sumen al menos un 3 por ciento de los votos en todo el país se queden fuera del Congreso de los Diputados. Los expertos consultados por ABC no le ven utilidad.

Simón, por ejemplo, destaca que los partidos independentistas podrían aliarse y formar coaliciones, como hacen en las elecciones europeas, para sortear esta norma. Solozábal defiende que el sistema «tiene que ser sensible al pluralismo del país» y esta barrera expulsaría a «fuerzas que tienen un apoyo democrático».

Flores, además, hace una comparación para demostrar que esta medida no sería efectiva. Con los datos del 28 de abril, Esquerra Republicana entraría en el Congreso, mientras que Teruel Existe, una nueva agrupación de electores que lucha por entrar en el Congreso para poner a su provincia en el mapa, se quedaría fuera porque jamás lograría los apoyos necesarios.

El sistema busca «facilitar la formación de Gobierno y dificultar su derribo», según Torres del Moral, aunque asegura que «falla» en situaciones como la actual, en la que ambas cosas son difíciles. Nuestro régimen electoral fue criticado durante años por no ser proporcional. Sin embargo, han sido precisamente los electores críticos, cambiando de forma real su actitud (y su voto) hacia fuerzas alejadas del bipartidismo los que han demostrado que el sistema sí lo era.

«Ahora la crítica es la contraria. Como tenemos inestabilidad y bloqueo, hay que hacer reformas en sentido opuesto» , asegura Flores. Solozábal coincide con la mayoría de expertos al poner el origen del problema en las formaciones: «Los partidos deben tener una predisposición al acuerdo en la medida en que son todos partidos constitucionales y, por tanto, son difererentes, pero no enemigos», afirma.

Blanco se pronuncia en la misma línea: «La situación de bloqueo en la que estamos es de tal gravedad que es altamente improbable que se pueda resolver salvo que los partidos cambien su forma de enfrentarse a las coaliciones». No se pueden cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. «La realidad se impone», dice Torres del Moral. «Asumamos que esta es la nueva normalidad», sostiene Simón. Los partidos, sus líderes y sus votantes tienen que aceptar que la negociación es la clave para salir del atolladero . Será sentido de Estado para algunos, simple sentido común para otros.