La España que no puede esperar

Como muestra, estos 22 primeros días de Gobierno, en los cuales la « agenda catalana » puso encima de la mesa una reforma del delito de sedición –¿globo sonda o proyecto en firme para rehabilitar a Oriol Junqueras ?– o amoldó la ronda de contactos con presidentes autonómicos al deseo independentista: Cataluña, primero. Pero más allá del problema catalán –que lo hay, obvio–y de la aprobación del salario mínimo interprofesional a 950 euros, gran anuncio de estas tres semanas, este Gobierno afronta retos que no se pueden postergar y que deberían empezar a animar los Consejos de Ministros de los martes.

En el bloque económico, el pacto por las pensiones, medidas para preparar la economía ante un nuevo escenario de desaceleración, la deuda pública o el reciente malestar en el sector agrario son algunas de los asuntos económicos que exigen una respuesta de Gobierno más allá de los tactismos de la legislatura. Con Presupuesto a la vista o sin él.

En este apartado el presidente Sánchez debería tener en mente aquel eslogan clintoniano: «Es la economía, estúpido». La economía está en fase de desaceleración, lo que se refleja en los datos de crecimiento y empleo. El PIB creció un 2% en 2019 y, el menor alza desde 2014 y se crearon 402.300 puestos de trabajo, el peor resultado desde 2013, según la EPA del cuarto trimestre.

¿Y qué decir del e nvejecimiento de la población o la despoblación de la España vaciada (finalmente se quedó sin Ministerio)? Quizs sean dos de los mayores retos a los que se enfrenta España como nación en la historia reciente. Para ello se hacen necesarias medidas concretas para favorecer la natalidad o promover la repoblación en determinadas provincias con políticas migratorias intrapaís o provenientes de flujos regulados desde el exterior.

En materia de políticas de Estado, la reforma de la Justicia o la de la financiación autonómica parecen alejarse a tenor del nulo diálogo existente entre el PS OE (120 diputados) y el PP (89 diputados), principal partido de la oposición al que el Gobierno parece desdeñar como partido para apuntalar la E spaña instituciona l con un horizonte de 20-30 años, más allá de la coyuntura.

En materia de Justicia el único movimiento que se ha dado es el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Una muestra (otra más) del sesgo que coge la lesgislatura en sus inicios: la Justicia como obstáculo para contentar a los socios de investidura. Se trata de un nombramiento que dinamita cualquier posibilidad de entendimiento en materia de Justici a con la oposición por mucho de que hubiera un precederente, como subrayó Sánchez en su entrevista en TVE escondiendo que también fue socialista (el ministro Javier Moscoso en 1986).

En Sanidad o Educación urgen también políticas para garantizar la sostenibilidad de las prestaciones públicas. El desafío climático , más allá de pomposas cumbres que dejan titulares, es otra de las cuestiones que tiene encima de la mesa el nuevo Gobierno. La ministra Teresa Ribera se ha comprometido a llevar de inmediato a las Cortes su Ley de Cambio Climático . En la escena internacional, el post-Brexit y la nueva relación de España con el Reino Unido sea la prioridad, sin perder de ojo Gibraltar . Evitar a toda costa un paraíso fiscal en el sur de la Península o los derechos pesqueros deben ser prioritarios.