España fichará a 2.000 hackers y expertos civiles contra las ciberamenazas

«Hackers» éticos –de los que alertan de debilidades, no las atacan–, analistas de datos, profesionales de todas las ramas de la tecnología, expertos en determinadas redes, lenguajes, criptología, pero también especialistas en derecho internacional, en comunicación, sociólogos o psicólogos estarán convocados a formar parte de esta unidad de talento pluridisciplinar, que en los primeros años se espera que alcance la cifra de 2.000 integrantes, disponibles para ser activados en situación de crisis. Para su operatividad, dependerán del Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) –subordinado del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad)–; recibirán entrenamiento periódico y la prestación de su servicio estará reconocida, también mediante una «recompensa» económica.

La puesta en marcha de un ejército de personal con destrezas avanzadas válidas para el manejo de ciberincidentes no es nueva. Cuentan ya con equipos de esta naturaleza Holanda, Alemania, Australia o el Reino Unido, país este último donde el programa fue lanzado en 2013 por su Ministerio de Defensa. En el caso de España, la propuesta ha partido del ámbito civil y ha estado impulsada por profesionales del entorno de la universidad, grandes empresas y consultoras tecnológicas, juristas o hackers. Todo ello liderado por el director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, (CNEC), Enrique Ávila .

Ellos llamaron a la puerta de los grupos parlamentarios en el Congreso, se entrevistaron con representantes de distintos partidos y elaboraron un texto articulado a modo de borrador para regular la ciberreserva con memoria económica incluida – 4 millones de presupuesto al año –, que entregaron a la fuerza política mayoritaria, el PP.

Su portavoz adjunto, Teodoro García Egea , ingeniero de Telecomunicaciones de formación, explica a ABC que llevan meses trabajando con ese documento, incluidos los respectivos departamentos de Seguridad de los Ministerios del Interior y Defensa y que se ha escuchado a expertos y también colectivos sociales y empresariales. Está decidido, añade, que sea «una ley» aunque queda por despejar si «será tramitada ad hoc o dentro de otra» más amplia, puesto que se quiere enmarcar dentro de las exigencias que impone la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre, una de cuyas grandes preocupaciones –recuerda el diputado– es el riesgo creciente de las ciberamenazas, y entre ellas las campañas de desinformación.

Un ciberataque podría producir un caos letal en la navegación aérea de un estado, tumbar su sistema financiero, robar datos clave en poder de las administraciones o de forma masiva en dispositivos de índole privada, del mismo modo que la difusión de noticias falsas por medio de miles de cuentas semiautomatizadas puede poner en jaque la estabilidad de un país. El trabajo de los integrantes de la ciberreserva, tal y como se está configurando, será preventivo y defensivo –no ofensivo, como ocurre en el modelo británico–, lo que significa que deberán estar preparados para defender los sistemas tanto a nivel táctico como en un entorno operativo mediante la detección temprana de vulnerabilidades e identificación de amenazas y ofrecer respuestas, que en su caso valorará y ejecutará el MCCD.

De ahí que se requiera a « los mejores talentos », «hipercualificados» de la computación y otros campos, al menos en una primera fase. Aunque inmediatamente después se piensa en atraer, –y no solo del entorno académico, puesto que no se exigirán títulos a nadie–, a jóvenes de 16 a 18 años con altas destrezas en sus respectivas áreas, permeables a adquirir una cultura de participación en la seguridad común antes de que sean fichados por grandes empresas. O por «el lado oscuro», desde el que estados, organizaciones criminales y otros agentes perpetran ciberataques, en sus diversas modalidades: ciberterrorismo, ciberdelito, cibercrimen, ciberespionaje o hacktivismo.

Pensando en esos actores, Enrique Ávila recuerda que «mueven recursos casi infinitos, con los que compran talento», y que para hacerles frente –indica– «necesitamos todo nuestro talento también», si bien las carencias presupuestarias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impiden competir en ese mercado. Por eso es preciso recurrir a la sociedad para reunir las capacidades necesarias en torno a esa «reserva estratégica» de carácter voluntario, que por analogía compara con «una especie de UME (Unidad Militar de Emergencia)» para el siglo XXI.

Pero, ¿por qué querría alguien con destrezas fuera de serie ceder su tiempo y conocimientos, normalmente muy cotizados y muy bien pagados?. La respuesta del director del CNEC remite al patriotismo y el compromiso de muchos españoles con la defensa de su país, una obligación, pero también un derecho recogido en el artículo 30 de la Constitución, como el Rey recordó durante la última Pascua Militar. Ávila indica que, desde que se habla del proyecto de ciberreserva en las redes, está recibiendo unas 200 comunicaciones al mes de personas interesadas en incorporarse.

Más allá del patriotismo, el diputado García Egea apunta al estímulo intelectual que supondrá trabajar con los mejores. Pertenecer «a un ecosistema muy valioso donde se contactará con gente que comparte inquietudes y está permanentemente reciclándose», entorno que se verá favorecido por el entrenamiento periódico al que tendrán que someterse a través de plataformas avanzadas. Aspecto aparte serán otros incentivos más «tangibles». En lo económico, el diputado señala que se habilitará una «compensación para que no le cueste su dinero a quien preste sus capacidades», mientras que la propuesta civil baraja que el tiempo de movilización podría pagarse a precio de salario mínimo interprofesional.

En todo caso, las dos partes coinciden en que «no se podrá vivir» de la «ciberreserva», que sí aportará a sus integrantes otros beneficios ya vinculados al reservismo clásico, como «puntos» para ingresar en los cuerpos especiales de la Administración del Estado, al tiempo que las empresas en las que estén contratados se verán bonificadas en su acceso a la contratación pública. «Formar parte de una red así no será fácil», avisa el político. Habrá que demostrar habilidades excepcionales verificables, comprometer un tiempo de dedicación, superar test psicológicos y, de ser seleccionados, obtener la habilitación personal de seguridad para manejar información sensible.