España ha expulsado este año por terrorismo a 28 presos, tres de ellos del 11-M

A falta de pocas semanas para que termine el año, los datos son sensiblemente inferiores a los de 2016, cuando en este mismo contexto fueron enviados a sus países de origen 39 presos extranjeros, de los que siete habían entrado en la cárcel por graves delitos de terrorismo «puro y duro», precisan las fuentes. Las expulsiones de todos ellos forman parte de la inmensa maquinaria silenciosa puesta en marcha en España para intentar evitar la comisión de atentados, un engranaje que emplea a decenas de miles de policías y guardias civiles -amén de la Inteligencia propia y aliada, con especial mención a la marroquí- en el rastreo en la órbita del mundo real y el virtual de toda sospecha, lo que desemboca en investigaciones que en 2017 ya se han traducido en 74 detenciones más otras diez fuera de nuestro país.

La reforma del Código Penal de 2015 que tipificó como delitos la colaboración, captación o autoadoctrinamiento y endureció otros como el enaltecimiento, se han convertido en eficaces herramientas en manos de jueces y fiscales para combatir y prevenir el terrorismo, como también lo es el renovado artículo 89, que -en lo que parte de la doctrina considera una transposición de la filosofía del artículo 57.2 de la ley de Extranjería- amplió el ámbito de expulsiones judiciales de modo que, entre otros, ya no se distingue entre extranjeros en situación de regularidad o de irregularidad o incluso ciudadanos de la UE.

Entre la comunidad que comparte esta lucha crece la preocupación por el peligro que pueden suponer los terroristas que salgan de la cárcel. Las condenas asociadas a actividades de naturaleza yihadista, por lo general, están siendo relativamente cortas y ya hay documentadas en toda Europa muchas experiencias de reincidencia. Las expulsiones judiciales ejecutadas en España -y los entre cinco y diez años de prohibición de retorno que llevan a aparejados- tienden a un alejamiento, y el juez las acuerda una vez que el reo ha cumplido «todo o parte de la condena» , en el último supuesto como mecanismo sustitutorio de la fracción de pena que le quedaría pendiente.

En el caso de los tres terroristas del 11-M que han sido deportados este año a Marruecos, han sido devueltos una vez finalizado el tiempo de reclusión que les fue impuesto. Uno sería Yusef Belhadj, -coautor intelectual del ataque y considerado portavoz de Al Qaeda en Europa-, que abandonó la cárcel en enero tras los 12 años de prisión a los que fue sentenciado, aunque el fiscal pidió para él casi 39.000. Fue detenido en su país acusado de «constitución de banda criminal con el objetivo de cometer actos terroristas».

El segundo es Hamid Almidan, que ayudó a preparar y a vigilar el escondite de Morata de Tajuña donde se ocultaron los explosivos del atentado de Madrid, y que era expulsado el pasado mes de marzo después de haber saldado su condena de 13 años de privación de libertad. Durante su etapa en el centro penitenciario llegó a rechazar la violencia yihadista, lo que le sirvió para esquivar el régimen de aislamiento y acceder al segundo grado, aunque nuca disfrutó de permisos penitenciarios.

En octubre se aplicó el mismo mecanismo de entrega a Marruecos a Saed El Harrak, que ha pasado 12 años entre rejas por pertenencia a banda armada. Sus huellas estaban en la furgoneta utilizada para el atentado y días antes telefoneó a los luego inmolados en el piso de Leganés. Tras dos años de prisión provisional a la espera de juicio, un error judicial puso en 2006 a Harrak en la calle, aunque ingresó de nuevo.

Tras la excarcelación de estos tres terroristas, solo permanecen en la cárcel 8 de los 18 condenados por el Tribunal Supremo en relación al 11-M.