España excluye a la CIA en su acuerdo con EE.UU. sobre inteligencia militar

PALOMA CERVILLAMADRID. El Gobierno español puso fin ayer al «vacío legal» existente en las actividades que desarrolla en nuestro país el servicio de información militar de los Estados Unidos, al

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PALOMA CERVILLA

MADRID. El Gobierno español puso fin ayer al «vacío legal» existente en las actividades que desarrolla en nuestro país el servicio de información militar de los Estados Unidos, al firmar el protocolo por el que se establecen las normas que regulan esta actividad, y que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo excluye la actividad de los agentes de la CIA en España.

Este protocolo se enmarca dentro del Convenio de Cooperación para la Defensa, firmado en 2002 entre Estados Unidos y España, y que no había sido desarrollado, según aseguró ayer el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, al anunciar una decisión que, según sus palabras, «perfecciona la colaboración entre ambos países y establece un marco normativo para actuar como Dios manda». Además, Alonso reconoció que el vacío legal «perjudicaba» a ambas partes.

Este convenio excluye la actividad de la CIA, el servicio de inteligencia civil de los Estados Unidos, como así se encargó ayer de matizar el ministro de Defensa, José Antonio Alonso que, a preguntas de los medios de comunicación sobre cómo habría afectado a los vuelos de la CIA si hubiera estado en vigor, afirmó que no, despejando así todas las dudas.

Concretamente, el protocolo firmado ayer por el director general de Política de Defensa, general de división Benito Federico Raggio, tras haber sido ratificado por el Departamento de Defensa norteamericano, cuyo responsable, Robert Gates, parece haberse mostrado más flexble que su antecesor, Donald Rumsfeld. establece las normas reguladoras sobre la actuación en España del Servicio de Investigación Criminal Naval de Estados Unidos (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea De los Estados Unidos (Afosi).

Con estos servicios ya se había producido un incidente en abril de 2006 en San Fernando (Cádiz), cuando capturaron y repatriaron al marine Federico Pimienta-Perdono, que se encontraba en busca y captura, sin informar a las autoridades españolas.

Las funciones fundamentales de estos servicios de inteligencia militar son la protección contra amenazas terroristas o criminales contra medios y miembros de la Marina, la Infantería de Marina o la Fuerza Aérea estadounidense y la investigación criminal sobre sucesos que afecten a personal o bienes de Estados Unidos en España.

Dentro del marco del primer cometido se pueden adoptar medidas como la protección de los buques norteamericanos en las escalas que realizan en puertos españoles y, dentro del segundo, se incluyen investigaciones para aclarar posibles actos delictivos que afecten de manera exclusiva a Estados Unidos.

El acuerdo que, según Alonso, está redactado con «absoluto respeto a la legalidad española», viene a «evitar riesgos que pueden perjudicar» a los intereses de Estados Unidos y ofrece un «marco de trabajo coherente y global».

El ministro desgranó los aspectos fundamentales del acuerdo, según el cual los agentes estadounidenses serán acreditados por las autoridades españolas para llevar a cabo sus actuaciones en España y deberán identificarse siempre. Además, el personal militar de investigación estadounidense tendrá que actuar conjuntamente con sus homólogos españoles.

Notificación previa

Otro de los puntos destacados del acuerdo es que los agentes norteamericanos tendrán que realizar una notificación previa de sus actividades a las autoridades españolas, que pueden denegar su autorización. En el caso de que durante el desarrollo de sus actuaciones se constate algún indicio de la comisión de delito, tendrán que comunicarlo a la autoridad judicial española y esperar las instrucciones judiciales para continuar la investigación.

El protocolo establece un sistema permanente de intercambio de información, que se llevará a cabo dentro de un Grupo de Asuntos de Seguridad, que permitirá la fluidez informativa y el seguimiento de las actividades de los agentes americanos. Este grupo estará integrado por representantes de los ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia e Interior, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estas normas estarán recogidas en un Real Decreto que regulará los cometidos de la Sección Española del Comité Permanente Hispano Norteamericano, al que se le informará de la actividad que realicen los agentes norteamericanos.