España choca con media Europa en su afán por lograr aprobar la orden de protección

ENRIQUE SERBETO | LUXEMBURGO
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Los ministros españoles han empezado ya sus despedidas en Bruselas y Luxemburgo, donde cada nuevo consejo de ministros es el último de la Presidencia semestral de la Unión Europea. En las formas, las despedidas son siempre amables, pero detrás de la cortesía de rigor, el balance de la Presidencia española va a ser bastante magro. Lo que el titular de Justicia, Francisco Caamaño logró ayer en el Consejo de Luxemburgo sobre la orden europea de protección de víctimas es prácticamente el único punto del ambicioso programa del semestre previsto por Zapatero que ha sobrevivido, aunque haya sido a costa de una tramitación a cara de perro contra la Comisión Europea y con más dudas que certezas sobre qué es lo que se aprobó y cómo.

Según el ministro Caamaño, el consejo de ministros de Justicia de ayer aprobó por mayoría cualificada el proyecto de creación de la orden europea de protección a las víctimas que era uno de los emblemas de la Presidencia española, la aportación más señalada del Gobierno de Zapatero para trasladar a Europa la política española de lucha contra la violencia doméstica, «la mayor plaga de la humanidad» en palabras del secretario de Estado para Europa, Diego López Garrido. Todos los países sin excepción dijeron apoyar el objetivo de la iniciativa española, pero una parte nada desdeñable, encabezada por Alemania, Gran Bretaña, Austria y la República Checa, puso en duda las bases jurídicas de la iniciativa de Caamaño y aconsejaron buscar una alternativa que no pueda ser discutida en los tribunales. Varios parlamentos nacionales han votado resoluciones en este sentido. El ministro español logró convencer a un grupo importante de países, empezando por Francia, Italia y Portugal, de que «la voluntad política debe imponerse ante las dudas jurídicas» y con la ayuda de una interpretación hecha a medida por los servicios jurídicos del Consejo, proclamó que se había alcanzado la mayoría cualificada para seguir la tramitación del proyecto.

La Comisaria europea de Justicia Viviane Reding ha sido la principal pieza de oposición a Caamaño, al que reprocha -como otros países- que la Presidencia haga una «interpretación demasiado amplia» del artículo 82 del Tratado de Lisboa, para entender que todos los asuntos relativos a la violencia de género se consideren como parte del ámbito penal, mientras que el ejecutivo comunitario insiste en situar la protección a las víctimas en el campo de los derechos personales, con lo que sería asunto de su competencia exclusiva. El informe jurídico del Consejo le da la razón a España, el de la Comisión dice lo contrario y Caamaño se las ha arreglado para presentar en el consejo de ministros un «informe oral» del Parlamento que según un eurodiputado no ha sido redactado «porque nadie se habría atrevido a poner estos argumentos por escrito», pero que surgió el efecto deseado para convencer a algunos ministros que vacilaban.

La ministra de justicia alemana Sabine Leutheusser-Schnarrenberger dijo sentirse «fusiosa» por la forma en que la Presidencia española había gestionado la votación y sus asesores aseguraban no haber visto nunca «un consejo manejado de esta manera».

De todos modos, la aprobación definitiva no podrá producirse en la Presidencia española. El texto de la propuesta se enviará al Parlamento y haya sido o no aprobado por los ministros en el consejo de ayer, los diputados le van a dar un buen repaso, empezando por la votación «de orientación» el próximo día 22 en la comisión de libertades públicas. A la Presidencia española le quedan contados consejos, pero en la UE costará olvidar la gestión de Caamaño.