España ayudará a frenar refugiados camino a Grecia con un avión y dos tripulaciones de la Guardia Civil

Los países de la UE expresaron el pasado miércoles su voluntad de ayudar a Grecia ante el creciente número de inmigrantes que tratan de cruzar a Europa de forma irregular , y que en ocasiones están siendo expulsados por la fuerza. Ankara ha hablado de hasta 3,5 millones de personas, los primeros de los cuales fueron empujados a la frontera por el propio ejército turco como parte de la estrategia de presión de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, que busca más dinero de Bruselas para atender esta masa de refugiados que viene acogiendo en su territorio desde la crisis 2015 y respaldo para su campaña militar en Siria.

En el marco del Consejo de Ministros y Asuntos de Interior de la Unión (JAI), el ministro Fernando Grande-Marlaska ya subrayó «la plena solidaridad» de nuestro país y mostró total disposición del Gobierno para «encontrar una respuesta europea a este desafío» basada en «el reparto equitativo de la responsabilidad». «Grecia, y también Bulgaria y Chipre, pueden contar con España para abordar de manera conjunta la actual situación», reafirmó.

El despliegue español se ha aprobado después de que Frontex detallara el sábado los planes de actuación tanto por tierra como por mar para frenar la filtración de inmigrantes. Se trata de una decisión coherente con la defensa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez -el mismo que en 2018 ordenó recibir el Aquarius en Valencia- está haciendo en favor de que los países de la UE con «frontera exterior», y por tanto los que ejercen como autopistas de entrada de la inmigración como Grecia o España, no tengan que hacerse cargo en exclusiva de los flujos, en los que entienden que debe implicarse el resto de estados.

Está por ver si esta participación tendrá o no el beneplácito del socio de coalición, Unidas Podemos (UP), que hasta la fecha ha escenificado graves diferencias con sus compañeros de gabinete del PSOE precisamente a cuenta de las políticas migratorias. La más difícil ha sido la relacionada con el mantenimiento de las devoluciones en caliente de inmigrantes , que Interior ha rehusado eliminar tras el aval a esta práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que los ministros de UP han reclamado su supresión.