España acogerá a parte de los inmigrantes del Open Arms, que ya se encuentra en aguas de Lampedusa

La solución del caso Open Arms supone un fuerte varapalo a la política de puertos cerrados del vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini. Ayer el Tribunal administrativo regional del Lazio (TAR), con sede en Roma, adoptó una decisión sin precedentes: Acogió favorablemente un recurso de Open Arms y anuló la prohibición de Salvini que impedía al barco entrar en aguas territoriales italianas. El TAR sentenció que era necesario proporcionar «asistencia inmediata a las personas rescatas más necesitadas». El fallo del Tribunal de Roma fue recurrido por el ministro Salvini ante el Consejo de Estado, afirmando que no quería «ser cómplice de los traficantes de seres humanos». Pero su recurso será papel mojado. El ultraderechista líder de la Liga vio además un complot contra su política de tolerancia cero contra la inmigración: «Hay un plan para dar marcha atrás, volver a abrir los puertos italianos y convertir a Italia en el campo de refugiados de Europa. Yo no me rindo y resisto ante esta vergüenza».

Tras el caso Open Arms, la línea dura de Salvini ha caído, perdiendo la batalla judicial y política. El primer ministro, Giuseppe Conte , tuvo un duro enfrentamiento con Salvini, al que mandó una carta ordenándole «poner en seguridad a los menores» del barco español, que son 32. Esta fue la réplica del líder de la Liga: « Es una ONG extranjera en aguas extranjeras. No se entiende por qué deban desembarcar en Italia ». A Conte le indignó la negativa de su vicepresidente, al que consideró, según fuentes próximas al primer ministro, «un irresponsable».

Reacción de forma muy diversa tuvo la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta , del Movimiento 5 Estrellas, que, en abierto conflicto con Salvini, se negó a firmar la prohibición de entrada del Open Arms en aguas italianas y mandó dos naves de la Marina para que lo socorrieran y escoltaron hasta Lampedusa. Trenta explicó que, para no firmar la prohibición del vicepresidente Salvin,i había tenido en cuenta «las razones de necesidad y urgencia» señaladas por la autoridad judicial: «La política no puede nunca perder la humanidad. Por esto no he firmado la prohibición», afirmó la ministra Trenta.

Matteo Salvini ha atacado a la titular de Defensa en Twitter: «Humanidad no significa ayudar a los traficantes y ONG. Es gracias a este presunto concepto de "humanidad" que en años de gobiernos del Partido Democrático Italia se ha convertido en campo de prófugos de Europa. Para mi humanidad significa invertir en Africa, no abrir los puertos italianos». Salvini, que recientemente pidió a los italianos que le den «plenos poderes», volvió a su idea de la necesidad de un hombre fuerte para Italia: «Los italianos tienen necesidad de un gobierno fuerte, no está admitida la timidez cuando está en juego la seguridad y los confines de la Patria, que es un deber de cada ciudadano, y con mayor razón de todo ministro, defender».

El desenlace del caso Open Arms estaba en cierta forma previsto. Salvini, en su afán propagandista, aseguró que con su decreto de seguridad, aprobado el 5 de agosto en el Senado, con imposición de multas hasta de un millón de euros, cerraba a cal y canto los puertos a las naves de organizaciones humanitarias. Pero ya entonces diversos juristas advirtieron que el decreto de seguridad de Salvini podía ser inconstitucional y que la última palabra la tendrían los jueces, como así ha ocurrido con el Open Ams. Por ejemplo, el profesor constitucionalista de la Sapienza, Gaetano Azzari, consideró que la ley sobre seguridad « viola la Constitución en varias partes; la solidaridad es un deber y no puede ser castigada ». El propio presidente de la República, Sergio Mattarella, promulgó la ley, pero le añadió una carta advirtiendo claramente que debía ser respetada la obligación de prestar «socorro a cualquiera que se encuentre en el mar en condiciones de peligro», como está previsto en las convenciones internacionales que también ha firmado Italia.

En definitiva, los jueces del Tribunal administrativo regional del Lazio TAR) se han limitado a seguir la pauta marcada por el presidente de la República. Según diversos juristas, como el profesor Sabino Cassese , juez emérito del Tribunal Constitucional, uno de los mayores expertos de derecho administrativo italiano, la prohibición de Salvini para impedir la entrada del Open Arms en aguas territoriales italianas no se sostiene ni desde el punto de vista administrativo, como ha ratificado el TAR, ni desde el punto de vista constitucional. Al final han prevalecido los derechos humanos.