El ser de España

Por CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO
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En esencia, todo estaba ya acordado. Los grandes asuntos de Estado se habían resuelto con el tamiz del consenso laboriosamente tejido a lo largo de todo un año. El PSOE aceptaba la Monarquía, UCD asumía una amplia institucionalización de derechos y libertades, se negoció la forma de representación política, todos estaban de acuerdo en el sistema  económico y social... algunos, muy pocos, diputados en la derecha y la izquierda más radicales, se mantenían al margen del gran acuerdo constitucional.

Sólo quedaba pendiente de resolver el problema vasco, que se engarzaba en el Título VIII sobre la estructura territorial del Estado, y algunas disposiciones transitorias. La secuencia de los hechos ocurridos hasta que se aprueba la Constitución es reveladora de cómo se escribe  la historia. El Rey se había manifestado desde el primer momento favorable a buscar alguna fórmula de atender los nacionalismos sin quebrar la unidad de España. Adolfo Suárez tenía muy claro que había que afrontar el problema a pesar de la presión de quienes apelaban, un día sí y otro también, a la intervención del Ejército. El terrorismo de ETA contribuía a crispar los ánimos antinacionalistas. 

Pero un cúmulo de circunstancias políticas, institucionales, temporales y también personales impidieron que el problema planteado por los nacionalistas vascos quedara resuelto en el proyecto constitucional antes de su debate en el pleno de la Cámara. El PNV no se había quejado mucho por no tener un representante en la ponencia constitucional. El buen hacer de Miguel Roca, en quien Arzalluz, portavoz del PNV en el Congreso, se sentía representado, y las ya desde entonces muy buenas relaciones con Miguel Herrero paliaron el vacío.

Navarra, a debate

En enero de 1978, cuando los ponentes terminaron de redactar el primer borrador de la Constitución, el debate se centraba en la incorporación o no de Navarra a la preautonomía vasca, a lo cual UCD se negaba rotundamente. Y respecto al contenido del borrador constitucional, el PNV insistía en que el problema, más que de competencias, era de identidad y soberanía.  El derecho de autodeterminación y el independentismo eran términos empleados por Bandrés, de Euskadiko Ezquerra. Lo que el PNV planteaba, con Herrero de intermediario, era el «Pacto con la Corona»  y el reconocimiento de los derechos históricos, a lo que Suárez y UCD respondían que todo pasaba por el reconocimiento explícito de la vigencia de la Constitución.

Las relaciones de Arzalluz con Suárez eran buenas; de hecho, el portavoz del PNV se sumó a las reuniones secretas del «consenso», pero el escollo de la soberanía no se acababa de resolver. Llegado ya el último día del  debate en la Comisión se hizo la luz: en medio de aplausos y parabienes, se aprobaba por unanimidad una disposición adicional por la que, se dijo, «por primera vez en 140 años, la Constitución española reconocerá y amparará los derechos históricos de los territorios forales en el marco de la Constitución».  El Partido Nacionalista Vasco por fin votó favorablemente.

Creciente incertidumbre

Las alegrías no duraron mucho. Nueve días más tarde, ETA asesinaba a José María Portell y de inmediato el Gobierno aprueba un decreto-ley antiterrorista. El Pleno del Congreso se reúne el 3 de julio para debatir la Constitución. La tensión interna en UCD va subiendo. Herrero y Rodríguez de Miñón recaban apoyos para defender la fórmula del Pacto y del tracto. En su despacho Fernando Abril medita, le da una y mil vueltas y se reafirma en exigir que el PNV debe asumir que «la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto».

Subía la temperatura en las calles de Madrid y también dentro del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde Manuel Fraga es el único que habla en contra del Título VIII, mientras prosiguen febriles las negociaciones terminológicas con el PNV. Hasta que el presidente del Gobierno decide entregar por escrito a Xabier Arzalluz las bases para un acuerdo que deberían ser asumidas públicamente: «Aceptación inequívoca de la unidad de España, lo que implica que el PNV varíe su actitud de abstención respecto al artículo 2 del proyecto de Constitución, voto negativo a la petición del derecho de autodeterminación, y reconocimiento de que la actualización de los derechos históricos será conforme a lo que establece la Constitución». A cambio UCD aceptaría «la enmienda al artículo 144 sobre competencias transferibles, el reconocimiento de los derechos históricos y que  la elaboración del Estatuto se inicie previo acuerdo entre el Gobierno y las Diputaciones Forales». A última hora de aquella noche, el PNV dijo no. 

La tensión sube un grado más. El 21 de julio, cuando  el Congreso de los diputados se dispone a aprobar el proyecto de Constitución, ETA deja una vez más su rúbrica de sangre: un comando formado por un hombre y una mujer asesina al general de brigada de Artillería  Sánchez Ramos-Izquierdo y a su ayudante, teniente coronel  Pérez Rodríguez, en el Parque de las Avenidas de Madrid. Suárez llega serio al hemiciclo acompañado del vicepresidente y teniente general, Gutiérrez Mellado, que viste de uniforme. UCD, PSOE, PCE y Convergencia votan a favor; AP, se abstiene.

El PNV se marcha para no votar ni si ni no. Una ambigua actitud que permite a algunos albergar la esperanza de que se logre un acuerdo en el Senado. Arzalluz declarará: «No podemos votar que no a la Constitución».  Lo que sucedió en el Senado es más de lo mismo, aderezado con las intervenciones de algunos senadores incontrolados, precisamente aquellos que por ser de designación real no habían pasado por las urnas.

Días difíciles

Aquellos momentos, los duros días de agosto, fueron los más difíciles del proceso. Los protagonistas de la historia constituyente acusaban el desgaste de la tensión mantenida a lo largo de un año. El vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, apenas había tomado algún día de descanso en su casa de Segovia para seguir muy de cerca lo que ocurría en el casón de la Plaza de la Marina. Su protagonismo y su toma de posición tajante en los debates constitucionales tuvieron una pronta respuesta desde dentro de UCD. Rumores de descontento empresarial -hay elecciones en la CEOE y Ferrer Salat habla con Suárez- que se completan con quienes auguran una nueva crisis de gobierno.

En Roma moría Pablo VI y le sucedía, por poco tiempo, el cardenal Luciani/Juan Pablo I, mientras en el Senado algunos padres de la Patria pedían que  se suprimiera de la Constitución la mención a la Iglesia católica. El pintoresco mosén Lluis María Xirinacs argumentó: «Como sacerdote, me avergüenzo de la situación de privilegio de que ha sido objeto mi Iglesia».

Metidos en harina, el senador  Villar Arregui ya pidió entonces que se suprimiera la discriminación por razón de sexo en la sucesión de la Corona, «que viene a violar preceptos ya aprobados del proyecto de Constitución». El problema de que una mujer se hiciera cargo del mando de las Fuerzas Armadas no lo consideró el señor Villar obstáculo consistente: «Isabel I de Castilla y la reina Isabel en el Reino Unido ejercieron tal jefatura». En nombre de UCD, Ricardo de la Cierva, aún reconociendo las razones sociológicas y humanas aportadas por el portavoz del PSI, estimó que no había argumentos histórico-políticos que la avalaran. Declaró que «la tradición secular de la Monarquía española es demasiado fuerte para romperla tan pronto».

Perenne desencuentro

Pero el desacuerdo con el PNV seguía sin solución a pesar de una nueva ronda de negociaciones, esta vez protagonizada por el PSOE. Desde Pamplona el entonces presidente del PNV, Carlos Garaicoechea, deja las cosas claras: «si este Estado persiste en su idea de que al pueblo vasco no se le debe reconocer que tuvo unas instituciones originarias propias, decimos que rechazamos este modelo porque queremos seguir siendo vascos y desarrollar nuestra propia identidad. Pero que conste que esta afirmación tiene un sentido positivo, y es que queremos ensayar esa convivencia, formando parte de ese Estado». Una afirmación que dio lugar, una vez más, a un encuentro secreto de Abril y Garaicoechea, gracias a los buenos oficios del nacionalista Marcos Vizcaya y que, una vez más, sólo sirvió para repetir posiciones.

Tanta reiteración conducía ya a la melancolía. Diputados y senadores terminaron de «peinar» la Constitución en las últimas reuniones de la Comisión Mixta presidida por Hernández Gil. Había pues que ocuparse y pensar ya en el día siguiente a la Constitución. El PSOE decidió no perder más el tiempo y  planteó que Adolfo Suárez necesariamente tendría que dimitir. El argumento era «el vacío legal», un período transitorio de legitimidad, decían, que sólo se cubriría con unas nuevas elecciones generales. UCD celebra aquellos días su congreso y su presidente adelantaba que la democracia está consolidada. El último día de octubre, el Congreso y el Senado aprueban la Constitución por una inmensa mayoría. Manuel Fraga explica el «sí, pero» de AP.

Abstención final

Arzalluz da cuenta de la abstención del PNV: «nunca quisimos que el fuero quedara por encima de la Constitución... pese a que estaba absolutamente claro que el texto de nuestra enmienda no ponía en duda la unidad del Estado ni era un trampolín que ocultaba deseos secesionistas. Los diputados y senadores del PNV no hemos puesto en duda esa unidad...». «Nuestra respuesta lógica -continuaba- hubiera sido el no, pero más allá de nuestra convicción consideramos que la Constitución abre el desarrollo de un proceso autonómico... no queremos adoptar una postura que pueda parecer agresiva contra la Constitución en este momento. Trabajaremos con voluntad reformadora de esta Constitución, a partir de los mecanismos que ella misma establece. No potenciaremos una vuelta a la dictadura ni colaboraremos en ningún proceso de disturbación democrática», terminó.

El 6 de diciembre, los españoles ratifican en referéndum la Constitución. El día 27 es sancionada por Don Juan Carlos. Como un año y medio antes, los Reyes entran por las puertas de bronce al Congreso de los Diputados. A las once y media el hemiciclo está lleno. En la tribuna pública, frente a él, su padre, Don Juan de Borbón, ya cedidos los derechos dinásticos. De los 350 diputados y 248 senadores, apenas falta  Dolores Ibárruri, ausente de viaje en Moscú, y esta vez sí, Marcelino Camacho se vistió de terno oscuro y corbata. Parlamentarios y público, que reciben con aplausos la llegada de los Reyes y el Príncipe de Asturias, vuelven a ovacionar larga e intensamente el instante de la firma y al final del discurso real. Sólo los parlamentarios del PNV, puestos respetuosamente en pie, permanecen pasivos.

En el discurso, el Rey afirma «ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional», su decidida voluntad de acatar y servir la Constitución, «porque si los españoles sin excepción sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de los otros; si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer; si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una España unida en sus deseos de paz y de armonía».