Escrivá admite el reparto en la Península del 15% de los inmigrantes llegados a Canarias

La difusión hace hoy ocho días de vídeos caseros donde podría verse a decenas de inmigrantes aterrizando en Granada en un vuelo regular puso en evidencia, no ya descoordinaciones imperdonables en tiempos de pandemia, sino las dificultades del Gobierno para explicar su propia política migratoria. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, será interrogado al respecto mañana en la sesión de control al Gobierno del Congreso. Pero en tanto Escrivá, que protagonizó este lunes un encuentro online del Foro Nueva Economía, esperó a ayer para admitir por primera vez que esos inmigrantes irregulares eran responsabilidad de su departamento, no de Interior, Ministerio al que de manera impropia ha dejado estos últimos días dando explicaciones sobre unos traslados ajenos a sus competencias.

«Los inmigrantes, pasadas las 72 horas (en las que se realiza la filiación y reseña policial) nos llegan a nosotros, a nuestro sistema de acogida», precisó este lunes el titular de Inclusión, que subrayó también que son los «vulnerables, los que piden asilo, mujeres, enfermos o niños» a los que «distribuimos por toda España, donde pensamos que están mejor acogidos».

Sin posibilidad de repregunta, -puesto que tras sus palabras sobre la polémica migratoria se dio por finalizada su intervención-, José Luis Escrivá dejó sin respuesta a quienes le habían planteado las quejas de Ayuntamientos y Autonomías que , sin tener previo aviso, han tenido que hacerse cargo de estas personas. Y en escenarios de toque de queda, cuando no confinamientos, de sus propias poblaciones.

Sí expresó el ministro su malestar por el «uso partidista e interesado con connotaciones homófobas» que, a su juicio, se está haciendo de esta controversia. «Me irrita particularmente», dijo, antes de pedir un pacto de Estado sobre inmigración para evitar en adelante utilizaciones.

El descontrol visto esta semana y los continuos titubeos desde el Ejecutivo a la hora de dar una explicación han contribuido a tensar el clima en torno a los inmigrantes irregulares. También en Canarias, que tradicionalmente ha convivido en paz con este fenómeno, y donde la Guardia Civil pidió que inmigrantes alojados en un complejo turístico del municipio de Mogán (Gran Canaria) no salieran a la calle en vista de las protestas que protagonizó un grupo de vecinos a las puertas del establecimiento. En idéntica línea, el Gobierno del archipiélago solicitó a las ONG que tienen a su cargo a los menas que eviten que salgan de los centros de acogida por miedo a que puedan sufrir agresiones.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) emitió el lunes un comunicado alertando de que este tipo de altercados «no son aislados» y para reclamar que las instituciones implicadas trabajen «de forma más decidida y coordinada para frenar la xenofobia creciente».

Ayer fueron rescatados en aguas de Canarias 24 inmigrantes de una patera y al cierre de esta edición se buscaban otras cuatro y un cayuco.