Un escenario inédito, un reto global de servicios públicos

La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio contempla en su artículo 4 que el estado de alarma podrá ser decretado cuando haya «una alteración grave de la normalidad», y detalla que esta puede ser «una crisis sanitaria», «tales como epidemias y situaciones de contaminación graves» . El estado de alarma, ya anunciado, permite «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos». Esa misma ley incluye otras medidas como la limitación o el uso de servicios y consumos y prevé el abastecimiento de mercados y el funcionamiento de servicios y centros de producción.

La lista de personal que requiere actuaciones especiales es amplísima, pero no significa que todos tengan que entrar a formar parte de los requerimientos. Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías autonómicas y locales, Ejército, sanitarios, bomberos, infraestructuras críticas, redes energéticas, controladores aéreos, combustibles, comunicaciones, suministro de aguas, potabilizadoras, servicios de limpieza y basuras, servicios bancarios, sistemas informáticos, servicios penitenciarios, funerarias, transportistas... Muchos de estos profesionales, como deben trabajar en caso de una hipotética crisis más grave, también cuentan con protocolos reglados cuya finalidad es conseguir que estén en plenitud de facultades ante ese escenario especialmente adverso. Su labor es prácticamente insustituible y comprende labores diversas: mantener la seguridad ciudadana, que los aviones aterricen y despeguen sin problemas, que no falte electricidad en el sistema de suministro o que la comida llegue a los supermercados.

Las fuentes consultadas creen que «estamos preparados para un escenario de crisis total», pero admiten que es una situación de «tremenda complejidad» en la que participarán casi la totalidad de los Ministerios con Interior, Defensa y Sanidad a la cabeza. Señalan también que pese al antecedente de 2010 la alarma anunciada hoy es distinta, al tratarse de una pandemia, y «no tenemos experiencia» por lo que supone un reto global a los servicios públicos. Un escenario que admite solo una lejanísima comparación en cuanto a la movilización de recursos con los días posteriores a los atentados del 11-M donde el pulso al Estado fue global.