Así entregó Sánchez la cabeza de Paz Esteban al independentismo

Esa comparecencia de Bolaños, sin precedentes porque suponía admitir públicamente una debilidad, algo que ningún Estado fuerte hace, no era más que una operación de imagen para justificar lo que ya estaba decidido: la entrega de la cabeza de la directora del CNI al independentismo y a sus socios más radicales del Gobierno, que amenazaban con hacer saltar por los aires la legislatura por haber sido espiados por los servicios secretos.

Bolaños explicó que el informe definitivo del Centro Criptológico Nacional sobre el espionaje a los móviles de Sánchez y Robles –ahora se ha sabido que también lo sufrió Fernando Grande-Marlaska y que hubo un cuarto intento de intrusión, fallido, en el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas– les había llegado la tarde anterior; es decir, el domingo 1 de mayo. Las fuentes consultadas por ABC insisten en que meses antes La Moncloa ya tenía «indicios casi definitivos» de que se habían producido esas intrusiones, a falta de ese documento final y completo. Pero además, hacía un año que se conocía que otros líderes occidentales, como Enmanuel Macron, también habían sufrido estos ataques, de modo que había una alerta clara.

Más aún cuando detrás de muchos de ellos estaba Marruecos, cuyas relaciones de vecindad con nuestro país siempre son conflictivas y llegaron a un punto álgido precisamente el año pasado con el asalto a Ceuta tras desvelar el régimen de Mohamed VI que España había acogido en un hospital público al líder del Frente Polisario. Además, como adelantó ABC, se sabe que España dispone también desde hace meses del software que permite detectar el virus Pegasus.

Al día siguiente del anuncio tanto Félix Bolaños, en una entrevista radiofónica, como Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, evitaron respaldar a Paz Esteban y al Centro Nacional de Inteligencia, mientras el independentismo aumentaba su presión sobre Pedro Sánchez. Solo Margarita Robles, en la comisión de Defensa del día siguiente, salió a apoyarla y aseguró que en todo momento el servicio de Inteligencia había actuado dentro de la legalidad.

Las primeras críticas del secesionismo por el espionaje a sus líderes habían sido vividas con tranquilidad en el CNI, porque sus responsables sabían que se habían hecho bien las cosas. Sin embargo, a partir del 2 de mayo el malestar en el centro comenzó a ganar enteros. Aun así, algunos todavía tenían la esperanza de que la comparecencia de Esteban, el jueves pasado, en una comisión de secretos oficiales a la que el PSOE había abierto la puerta por primera vez a Bildu y ERC, podía reconducir la situación, ya que demostraría que las 18 escuchas que se hicieron desde la Casa contaban con la preceptiva autorización judicial.

Algunas fuentes próximas al Gobierno deslizaron después que la comparecencia no había sido brillante, porque la directora no se había extendido en las explicaciones sobre el espionaje al independentismo. Incluso, se sugirió que La Moncloa no tenía conocimiento de las escuchas a Pere Aragonès, lo que distintas fuentes próximas al servicio de Inteligencia consideran, simplemente, imposible: «El Gobierno fue informado de todo al detalle».

«Tanto ella como su equipo siempre han trabajado aquí, en Cataluña, con la máxima seriedad, diligencia y respeto a la legalidad», ratifica una fuente policial de Cataluña que tuvo trato directo con la cesada Esteban en momentos tan delicados como los vividos tras la sentencia del procès y la irrupción de Tsunami Democràtic.

En el momento en que se produjo la comparecencia de la aún directora del CNI ésta ya sabía que sus horas en el cargo estaban contadas. Es más; según fuentes próximas a los servicios de Inteligencia consultadas por ABC ese mismo jueves Paz Esteban ya había mostrado su hartazgo por las acusaciones que recibía el centro, que no eran respondidas por un Gobierno que, por si fuera poco, difundía a través de sus medios más próximos el argumentario para ponerlo aún más en la picota y justificar, por tanto, la salida de su máxima responsable.

La directora del CNI lo tuvo muy claro y decidió ofrecerse como cabeza de turco para sacar al CNI del epicentro de la polémica, lo que es muy perjudicial para un organismo de estas características. Eso sí, advirtió de que en ningún caso iba a presentar su dimisión, como se le propuso, porque hacerlo era admitir que se habían cometido errores, cuando no irregularidades. Por supuesto, no estaba dispuesta a ello. Eso sí, garantizó que si se respaldaba a partir de ese momento a la Casa, si se le dejaba volver a trabajar con normalidad y no se echaba aún más por tierra su imagen, se marcharía sin dar un portazo, con la misma discreción con la que ha trabajado a lo largo de toda su carrera profesional. Otra demostración clara de que, ella sí, es una servidora del Estado.

A pesar de que la destitución de Paz Esteban era un secreto a voces –también la semana anterior, algunos que se consideraban apartados comenzaron a deslizar que la directora estaba anticuada y tenía pocos conocimientos de ciberseguridad– la noticia provocó indignación en la mayor parte de los 3.000 trabajadores del CNI , que valoran su independencia, preparación y experiencia. También hay estupor en fuentes de las Fuerzas de Seguridad que habitualmente trabajan con el CNI: «Han entregado su cabeza al independentismo. La echan por escuchar al secesionismo, cuando la tenían que haber destituido si no lo hubiera hecho. Una vez más, un servidor del Estado paga por maniobras políticas».

Paralelamente a todo ello, el Gobierno fue construyendo el relato público que permitiría, a la postre, fulminar a Esteban, el primer cortafuegos político para el caso Pegasus y la primera pieza política que se cobraba ERC tras semanas de exigir ceses. El argumentario que salía de La Moncloa incidía en desmarcarse del CNI y presentarlo poco menos que como un ente autónomo o independiente que funciona por su cuenta, y que no informa al Gobierno ni siquiera en materias tan sensibles como el seguimiento realizado a Pere Aragonès. Un argumentario que altísimos dirigentes del Ejecutivo fueron deslizando en entrevistas cuidadosamente seleccionadas. Así, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo en TV3, la televisión pública catalana, que «no hubo orden del Gobierno» sobre esas escuchas, desveladas por la organización internacional Citizen Lab y ‘The New Yorker’ y confirmadas en parte (18 de 63 supuestos espiados) por Esteban en la comisión de secretos parlamentaria. En esa situación se llegó al lunes, la víspera de la destitución, cuando el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, señaló tras la reunión de la cúpula socialista que Margarita Robles contaba con el respaldo del partido y del Gobierno, aunque sobre Paz Esteban no fue tan rotundo y matizó que «a día de hoy, no hay razones para su destitución».

Sicilia, como todos los miembros de la Ejecutiva socialista, acababa de escuchar a Pedro Sánchez decir que «esta misma semana» iba a tomar decisiones de calado sobre el caso de las escuchas. Ninguno de los dirigentes que le escucharon en Ferraz tuvo dudas de que la destitución de Esteban se iba a acometer al día siguiente, martes, coincidiendo con el Consejo de Ministros. Tampoco de que Robles, pese a las especulaciones sobre su futuro, no estaba en la cuerda floja. De hecho, el presidente permitió a la titular de Defensa pilotar el relevo y nombrar a la sucesora de Esteban, Esperanza Casteleiro, su número dos en el ministerio y antes su jefa de gabinete. Una trayectoria que destapa ciertos recelos en la Casa, dado que se trata de alguien que va a pasar, sin solución de continuidad, de un cargo netamente político como el de secretaria de Estado de Defensa a uno formalmente con el mismo rango pero que estaba ocupado, desde los tiempos de Félix Sanz Roldán, por perfiles independientes. Si bien Casteleiro es, como Esteban, una funcionaria con décadas de experiencia en el CNI.

Pasadas semanas de una tensión sin precedentes con los socios parlamentarios y con Podemos –llegó a votar a favor de una comisión de investigación– en La Moncloa cunde el optimismo. Fuentes socialistas creen que las relaciones con ERC se están enderezando y relatan que incluso en los días «más turbulentos» de la crisis la interlocución se mantuvo de manera fluida para desbloquear negociaciones sobre leyes pendientes. A ese clima obedecen las declaraciones de Oriol Junqueras a ‘El País’ el martes, cuando habló de «votar aquello que es útil para la ciudadanía» y evitó señalar a responsables del espionaje. ERC insiste en pedir la desclasificación de las autorizaciones judiciales, a lo que el Gobierno se abre siempre que lo requiera un juez.