Entran en prisión los socialistas condenados por el caso Marea

El ex consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre ; su número dos en ese departamento, María Jesús Otero , y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez recogieron ayer en la Audiencia Provincial su mandamiento de ingreso en prisión, un trámite que obvió la ex funcionaria del Principado Marta Renedo , que optó por acudir directamente a la cárcel de Álava.

En dicha prisión ingresó también la ex directora general de Planificación Educativa mientras que, tanto Riopedre como los dos empresarios debían acudir antes de medianoche al Centro Penitenciario de Asturias donde el ex consejero, Otero y Renedo habían cumplido ya, tras su arresto, un periodo de prisión preventiva que eludieron bajo fianza tras pasar entre poco más de un mes y algo más de siete en la cárcel.

Tras recoger su mandamiento de ingreso, la defensa del exconsejero de Educación, que cumple 80 años el mes que viene y que fue condenado a cinco años, ha anunciado que pedirá la libertad condicional anticipada por motivos de salud al sufrir varias patologías entre las que figuran dolencias cardiacas.

Además, su abogada ha pedido ya el indulto de Riopedre, una petición que también ha realizado la defensa de Alfonso Carlos Sánchez, condenado a dos años y ocho meses de prisión, y, a la espera de que se tramite, ha solicitado también la suspensión de la pena que le impuso el Tribunal Supremo.

A partir de ahora los cinco condenados tienen diez días para abonar las multas judiciales que les impuso la sentencia , que suman 4,28 millones de euros, mientras que el Gobierno del Principado cuenta con un mes para fijar la cuantía del quebranto que cuatro de ellos, todos menos Riopedre, causaron a las arcas públicas.

Según la consejera de Derechos Sociales y portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, los servicios jurídicos del Principado están valorando esas cuantías «con la intención de poder recuperar esos fondos», por lo que aún no es posible avanzar la cantidad que reclamará la administración.

El Tribunal de Cuentas ya estimó en 1,5 millones el quebranto causado a la administración autonómica por la exfuncionaria Marta Renedo —condenada a nueve años de prisión— mientras que un primer informe elaborado por el Principado sobre las posibles irregularidades en el material enviado a 87 colegios asturianos situaba esa cuantía en cuatro millones de euros.

Dicho informe sólo reflejaba los datos de 2009 y 2010 —Riopedre y Otero estuvieron siete años al frente de la Consejería de Educación— y fue rechazado por el tribunal al inicio del juicio después de que la Fiscalía advirtiera en diciembre de 2014 de que el ex consejero y su número dos —condenada a cinco años y cinco meses de cárcel— así como los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.

El Gobierno regional abrió esa investigación en julio de 2015 para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros y, pese no incorporarse al sumario del juicio, fue remitido a la Fiscalía que presentó una denuncia que dio origen a una nueva investigación judicial aún abierta .

En este sentido, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, cuyo partido ejerció la acusación popular en el proceso, ha pedido que el Gobierno regional asuma responsabilidades de «una gran estafa» y que se recupere «hasta el último euro» a la vez que ha rechazado la posibilidad de que haya indultos.

Con el ingreso en prisión de los cinco principales condenados se cierra así, por el momento, la mayor trama de corrupción detectada en la administración del Principado después de que una mujer denunciase en 2010 en Gijón que alguien había abierto una cuenta bancaria con casi 100.000 euros a nombre de su anciana madre .

La cuenta era una más de las abiertas de forma fraudulenta por la exfuncionaria Renedo para ocultar los ingresos procedentes de contratos menores que ella misma autorizaba a favor de una empresa de su propiedad, un hilo que condujo hacia dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, que la investigación constató que realizaban también prácticas irregulares con la Consejería de Educación que gestionaban Riopedre y Otero.