«Entra en el despacho, coge la pila de papeles que hay en la mesa de reuniones y tírala al patio»

Así lo ha asegurado este lunes el jefe del dispositivo policial encargado de la detención de Salvadó en su domicilio. Justo antes de abrir la puerta, el número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras daba esta orden a su secretaria, según se pudo comprobar después, pues tenía el teléfono intervenido.

El agente, cuya imagen ha permanecido oculta a efectos de publicidad, ha señalado que a pesar de la gente que se concentraba a las puertas de la sede de la Generalitat , donde fue trasladado Salvadó tras su detención, el registro de su despacho pudo hacerse con normalidad y sólo se vio interrumpido cuando se presentó Junqueras y, pese a indicarle que el imputado estaba detenido y no podía acercarse, «hizo caso omiso» y rompió la barrera de los guardias civiles para acercarse a él y abrazarle.

El guardia civil ha asegurado que ese día él estuvo volcado en el registro del despacho del imputado, pero que las veces que se asomó a la ventana sí vio a la gente coreando consignas en la calle. A preguntas de una de las defensas, ha negado que esa concentración tuviera un carácter festivo. «Yo vi una multitud de gente gritando contra toda persona que entrara y saliera. Lo significativo es el asedio a la sede», ha recalcado el agente, que, aunque son precisar la hora, ha añadido que él vio una circulación fluida de personas y de vehículos ante la sede de la Consejería en la que estaba, que se encuentra relativamente cerca de al de Economía.

El testigo ha relatado que en el despacho de Salvadó se incautaron de numerosa documentación, carpetas y archivadores, aunque lo que más llamó su atención fue una carpeta azul en la que se podía leer «Escenario de guerra y de guerrilla» . En ella, ha explicado, se desglosaban las medidas que podía tomar el Estado español ante la ofensiva independentista. También ha revelado que en una papelera dentro del cuarto de la fotocopiadora encontraron ocho folios rotos que procedieron a reconstruir: se trataba de un documento en el que se hablaba de la noche electoral, el recuento y proclamación formal de la república acompañada de gestos simbólicos, transitoriedad jurídica y proceso constituyente.

El segundo guardia civil que ha testificado este martes ha profundizado en el relato de los obstáculos que los agentes afrontaron en las investigaciones contra el referéndum ilegal. El testigo ha narrado que en el registro del despacho del antiguo secretario general de la Consejería de Economía de la Generalitat , Josep María Jové, los agentes tardaron tres horas en salir hasta que llegaron los refuerzos, las unidades de seguridad de la Guardia Civil. «La concentración no inspiraba confianza de que no fuera a pasar algún incidente si bajábamos con los detenidos».

También ha señalado que las personas concentradas se llegaron a sentar en la carretera e impidieron durante quince minutos el paso del vehículo policial en el que trasladaron a Jové, el autor del famoso documento «Enfocats», considerado por los investigadores una especie de hoja de ruta del plan secesionista ilegal. El agente participó en numerosas operaciones y ha aportado múltiples detalles.

El testigo ha desvelado una de las incógnitas que ha sobrevolado el salón de plenos del Tribunal Supremo en la fase de los testigos. Del testimonio del guardia civil se desprende que la persona que se escondía detrás de la referencia al «tal Toni», el hombre de la Generalitat que encargó numerosos trabajos preparatorios del referéndum ilegal, es Antonio Molons , el antiguo secretario de Difusión de la Generalitat y quien se negó a testificar en el juicio al estar investigado en otro caso.

En el domicilio de Molons, los investigadores encontraron la tarjeta prepago asociada al número de teléfono desde el que se ordenaron esos servicios, según la identificación del número que realizó el diseñador gráfico encargado de una de las campañas para impulsar la votación ilegal, Enric Vidal. La tarjeta que permite romper el misterio se halló en «una jarra» en el domicilio de Molons , ha afirmado el agente, en una parte del interrogatorio conducido por el fiscal Javier Zaragoza.

El testigo, que también participó en el registro de Unipost, ha señalado que en el despacho de Pablo Reventós, presidente de la empresa de mensajería, se encontró una nota manuscrita en la que se identifican las cinco consejerías entre las que había que dividir los 979.661 euros que costaba la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramientos de cargos en mesas electorales y los más de cinco millones de tarjetas censales. De todo este material la Guardia Civil se incautó de 1.811 cartas certificadas y más 43.000 sobres en sendos registros de Manresa y Tarrasa.

De igual forma, el guardia civil ha descrito pagos a observadores internacionales desplazados a Barcelona con motivo de la consulta ilegal. Se trató, ha dicho el testigo, de dos grupos claramente diferenciados: uno de 12 expertos internacionales bajo la dirección de Helena Catt (cada uno elaboró un contrato con Diplocat, participada mayoritariamente por la Generalitat, para sus honorarios); y otro grupo de una treintena de observadores de la entidad The Hague Centre for Strategic Studies con sede en La Haya. El 85 por ciento del total de esta partida, ha señalado el agente, fue abonado por la Generalitat. En el registro de Diplocat se encontró un informe en que este último grupo apunta que ha viajado a Barcelona a petición del Diplocat para la celebración del referéndum.

Sobre la posible malversación, este martes también ha declarado el antiguo subsecretario de Hacienda y Acción Pública, Felipe Martínez Rico, miembro del equipo de Cristóbal Montoro . El testigo ha dejado claro que los controles del Estado no excluyen que la Generalitat pudiera burlar la ley y realizar una «contratación irregular» en las tareas preparatorios del referéndum ilegal, lo que quedaría fuera del control del Ministerio. Este testimonio concuerda con el del antiguo ministro en su testimonio en el juicio. «El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad. Lo que fuera la realidad material de los hechos...», ha afirmado Martínez Rico, que ha recordado que Hacienda solicitó a la Abogacía del Estado personarse en la investigación.