El enredo político deja en el aire más de 10.000 millones de euros de inversión

Fuentes parlamentarias indican que, en el mejor de los casos, las cuentas estarán aprobadas en julio. Y, en la práctica, las nuevas cúpulas ministeriales no estarán en disposición real de poner en marcha la maquinaria económica prácticamente hasta agosto , un mes nefasto para quien pretenda mover un papel con agilidad en el sector público -e incluso en el privado-.

Si el Gobierno de Rajoy ya lo tenía complicado para haber ejecutado el presupuesto, habida cuenta de la demora que acumuló su tramitación, esas limitaciones se le multiplican a Pedro Sánchez. Primero, porque la marejada política ha accidentado el calendario de aprobación de las cuentas en el Senado . Y, además, por lo que cuesta poner a punto la Administración tras sustituir sus cúpulas al completo.

Sin presupuestos al día no se pueden contratar las nuevas inversiones recogidas en ellos. Y esas contrataciones, sobre todo en el caso de las obras de infraestructuras, suelen alargarse en el tiempo.

En la práctica, en el mejor de los casos, el Gobierno de Sánchez va a tener apenas cuatro meses –con el verano de por medio- para ejecutar un Presupuesto del Estado que incluye 16.993 millones de euros en inversiones , según las cuentas que dejó diseñadas el PP y a las que ahora se abraza el Ejecutivo socialista.

Una parte de esas inversiones se ejecutarán en cualquier caso, porque corresponden a proyectos ya adjudicados o comprometidos legalmente de antemano. De hecho, en el primer cuatrimestre del año –con el presupuesto de 2017 prorrogado- el sector público estatal ejecutó inversiones por importe de 2.934 millones de euros, de los que 415 millones de euros corresponden a obras de infraestructuras de comunicaciones ejecutadas por el Ministerio de Fomento. Pero una gran parte de las inversiones presupuestadas no pueden ejecutarse si las cuentas no están aprobadas al día.

¿Qué porción estaría en el aire este año desde ese punto de vista? Miles de millones, según han indicado fuentes parlamentarias. De entrada, hoy por hoy, la diferencia entre la inversión ejecutada por el Estado en lo que va de año –algo más de 3.000 millones- y los 16.993 millones que había reflejado en presupuestos el PP, da una diferencia de más de 10.000 millones que están sin ejecutar . Hoy por hoy, están en el aire, en medio de las incertidumbres políticas.

Y esto es solo el espinoso panorama que queda de aquí a final de año, porque el frenazo inversor sería todavía más grave si el Gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de aprobar unos Presupuestos del Estado para 2019 . Y aquí sí que la incertidumbre anda disparada, habida cuenta de la acusada debilidad parlamentaria del PSOE. En este particular, Sánchez se enfrenta al primer examen en cuestión de semanas: le toca aprobar en el Parlamento el techo de gasto del Estado para 2019, sin el que es imposible encarar unos presupuestos para el año que viene, imprescindibles si no se quiere que el año que viene se desplome la inversión pública.

El próximo 1 de enero, si Sánchez no ha logrado sacar adelante unas cuentas para 2019, tendrá que conformarse con el apaño de la prórroga presupuestaria –igual que ha sucedido este año-. Pero esa prórroga no vale para las inversiones en infraestructuras. Dicho de otra forma: el Presupuesto del Estado de este año, si se aprueba, tiene fecha de caducidad en el capítulo de inversiones. Las nuevas obras que no se hayan adjudicado antes del 31 de diciembre, ya no podrán adjudicarse a partir del 1 de enero, porque para eso no vale la prórroga presupuestaria.