Las «embajadas» catalanas costaban doce millones al año en promover el independentismo

La citada cantidad forma parte de la partida de 40 millones de euros anuales de los que disponía el Gobierno catalán para promocionar el independentismo en el mundo y con la que financiaba también sueldos del personal de la Consejería de Relaciones Exteriores y de las distintas actividades, viajes, etc, de los responsables de llevar a cabo esa promoción. La Generalitat contaba además con el llamado Consejo de Diplomacia de Cataluña (Diplocat), que disponía de un presupuesto anual de 2,3 millones de euros destinados a difundir en los medios internacionales el proceso separatista. Diplocat fue también disuelto, como consecuencia de la intervención del Gobierno.

Desde que en 2008, el tripartito que gobernaba el socialista José Montilla abrió las delegaciones en Berlín y París , la Generalitat ha ido aumentando el número de sus oficinas en el exterior, que, en los últimos años, se convirtieron en el instrumento con el que el Gobierno de Artur Mas, primero y el de Carles Puigdemont, después, trataban de presentar a Cataluña en el mundo como si fuera un Estado independiente.

Para conseguir ese objetivo, los impulsores del «procés» no repararon en gastos, buscando en las capitales más importantes los mejores emplazamientos para sus delegaciones, y ofreciendo a los delegados que trabajarían en ellas unos sueldos en torno a los 80.000 euros al año. Unas 80 personas , la mitad de ellos en cargos de alto rango trabajaban en las «embajadas» a las que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto coto, cerrando físicamente cuatro de ellas, y dejando abiertas el resto, porque compartían oficinas dedicadas a la promoción comercial, turística o cultural.

Determinar el coste real de las «embajadas» catalanas no es tarea fácil, ya que la Generalitat no era un modelo de transparencia en este asunto. Así, por ejemplo, el Gobierno sigue sin saber cuánto cuesta mantener la delegación en el Reino Unido, una de las mejor dotadas.

El primer puesto en el ránking en cuanto a gastos de funcionamiento se lo lleva la delegación en Bruselas, que es la única que el Gobierno ha decidido mantener abierta, porque las comunidades autónomas pueden necesitarla para sus relaciones con la Unión Europea. Sus gastos se elevan a 1.163.173 euros, lo que incluye los 80.589 euros de sueldo del delegado, Amadeu Altafaj , a quien el Govern trató de que la UE aceptara como representante permanente. No lo consiguió porque esa denominación está reservada a los embajadores de los Estados miembros.

Pero a esta cantidad, hay que sumar lo que cuesta mantener en funcionamiento unas espléndidas oficinas en el centro de la capital comunitaria, que ocupan 2.391 metros cuadrados y cuyo alquiler anual estaría en torno al millón de euros.

Tras la de Bruselas , se sitúa la delegación que la Generalitat tenía en Estados Unidos, con oficinas en Nueva York y Washington y con un radio de acción que abarcaba también Canadá y México. A los gastos de 1.151.008 para personal y funcionamiento, hay que añadir los 400.000 euros de alquiler anual de las dependencias en Lexington Avenue en la ciudad de los rascacielos, a las que tuvo que mudarse hace unos par de años, abandonando el emblemático Rockefeller Center, donde se había instalado y que costaba casi 475.000 euros. Sobre el coste de las dependencias en Washington no se tienen tampoco datos.

El coste de la delegación en Francia es más modesto, ya que se sitúa en los 495.000 euros, pero en este caso, con un elevado precio de alquiler, de en torno a los 600.000 euros que, eso sí, permitían al delegado trabajar en un piso de 578 metros cuadrados, situado en el número 3 de la rue de la Boétie, centro neurálgico de la actividad diplomática de París, muy cerca de los Campos Elíseos.

Más elevado era el coste de las delegaciones en Austria y en Ginebra (destinadas fundamentalmente a relacionarse con los organismos internacionales que tienen su sede en estas dos ciudades), que se situaban en los 700.000 y los 760.000 euros, respectivamente (con alquiler incluido, en ambos casos). Las dos han sido cerradas físicamente, tras la aplicación del artículo 155, porque su única actividad era de carácter político.

En la misma situación se encontraba la delegación de Portugal, con un presupuesto de 456.192 euros; y la que acababa de abrir la Generalitat en Roma con intención de relacionarse con la Santa Sede. Otra delegación instalada en Rabat, también ha sido cerrada, porque había empezado a funcionar aunque no estaba todavía constituida.

El resto de las «embajadas», en las que aún funcionan oficinas de comercio, de Turismo o del Instituto Ramon Llull , que se dedica al fomento de la lengua y cultura catalanas, tenían también elevados costes para pagar el sueldo a los delegados –todos ellos han sido ya destituidos–. En todas estas oficinas, excepto en el caso de Alemania, el coste incluía el alquiler.

En Berlín, se elevaba a 462.500 euros, a los que hay que añadir unos 60.000 euros de alquiler de unas oficinas en el número 18 de Charlottenstr, en el barro de Mitte, centro de negocios de la capital alemana. En Italia, los gastos ascendían a 738.235 euros y en Dinamarca, cuya delegada era Francesca Guardiola, hermana del exjugador y exentrenador del Barça, Pep Guardiola, a 520.000 euros.

En Polonia, desde donde la Generalitat quería cubrir los Países Bálticos –cuyo modelo de independencia de la Unión Soviética los independentistas, siempre han admirado los secesionistas catalanes–, el presupuesto era de 509.702 euros. Y en la delegación de Croacia y los Balcanes, de 350.000 euros.

En la delegación en el Reino Unido (que se ocupaba también de Irlanda), el Gobierno no ha podido concretar aún el coste que representaba, aunque puede ser alto –posiblemente en torno al millón de euros–, dado que sus oficinas están situadas en un edificio londinense de gran valor histórico estilo Tudor. Este inmueble, que data de 1610, está ubicado en el número 17 de Fleet Street, en uno de los centros neurálgicos y de negocios de la ciudad, junto a la «city».

A comienzos de esta semana, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro , facilitó algunos de estos datos en la comisión del Senado que controla la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Subrayó que las delegaciones que han sido totalmente clausuradas «se circunscribían al ámbito diplomático, a hablar mal de España» e insistió en que el Gobierno respeta el trabajo cultural o comercial que realizan las comunidades autónomas, por lo que siguen abiertas aquellas en las que esa labor se desarrollaba como se ha detallado.