El Ejecutivo de Montilla encarga informes a dedo a personas afines al tripartito

MARÍA JESÚS CAÑIZARESBARCELONA. El Gobierno catalán ha encargado a dedo informes técnicos a personas vinculadas a los tres socios del tripartito (PSC, ERC e ICV). Ex diputados, antiguos cargos de la

MARÍA JESÚS CAÑIZARES. BARCELONA
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El Gobierno catalán ha encargado a dedo informes técnicos a personas vinculadas a los tres socios del tripartito (PSC, ERC e ICV). Ex diputados, antiguos cargos de la Generalitat y asesores aparecen en un listado, al que ha tenido acceso ABC, sobre los estudios, trabajos y documentos encargados a personas ajenas a la Administración durante 2007. Figuran incluso personas de pasado polémico precisamente por haber elaborado informes «fantasma», como es el caso del asesor socialista Juan I. Marcos Lekuona, o que incurrieron en incompatibilidades, como el ex presidente del Consejo Consultivo, Joaquín Tornos.

El despacho de abogados de Tornos es uno de los principales beneficiados de esos contratos a dedo. La Generalitat le encargó el año pasado informes que superan los 12.300 euros, entre ellos un estudio sobre los terrenos ocupados por la Escuela de Policía de Cataluña en Mollet del Vallès (Barcelona).

Se da la circunstancia de que Tornos, que formó parte del citado órgano dependiente de la Generalitat a propuesta del PSC, tuvo que dimitir en 2006 tras desvelarse que su despacho había realizado trabajos para cuatro departamentos del Gobierno entre 2004 y 2005.

Denunciado por Daniel Sirera

El caso fue denunciado por el hoy presidente del Partido Popular catalán, Daniel Sirera, quien siempre ha sostenido que este tipo de estudios podrían ser confeccionados por funcionarios públicos en lugar de ser externalizados.

Igualmente vinculado a los socialistas catalanes está Josep Suquet Capdevila, ex asesor del grupo parlamentario del PSC en la Cámara Catalana. Suquet realizó dos informes el año pasado para la Consejería de Justicia por valor de 1.045 euros cada uno, relacionados con el borrador de bases de la normativa propia de la Generalitat. La Consejería de Acción Social encargó a Àngel Gil i Origüén un informe, cuyo coste asciende a 11.900 euros, sobre el despliegue del sistema público de servicios sociales en el mundo local. Durante el primer Gobierno tripartito, la entonces consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó (ERC), nombró a Gil i Origüen director del Programa para el impulso y ordenación de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con dependencias del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Por su parte, la Consejería de Economía encargó en 2007 a la empresa Vola Companyia de Serveis Ambientals informes con un coste total de casi 48.000 euros. Destaca el contrato de consultoría para hacer siete estudios energéticos básicos en el sector textil por valor de 21.403 euros o el estudio sobre el comportamiento energético por vivienda unifamiliar aislada, que costó 12.789 euros. En esta empresa trabaja Bet Font, que fue diputada de ICV y miembro de la mesa del Parlamento catalán.

También a este partido pertenece Encarna Bodelón, que ocupó el número 5 de la lista de ICV por Barcelona y a la que el Gobierno catalán, a través del Instituto Catalán de la Mujer, pago 4.060 euros por una propuesta de elaboración de estadísticas jurídicas sobre violencia machista en Cataluña.