La ejecutiva del PSOE de Málaga se reúne para tapar, sin éxito, la crisis de Estepona

El nerviosismo ha comenzado a cundir en la cúpula del PSOE malagueña después de que ayer ABC revelara que dos ex concejales de Estepona habían denunciado en una reunión de la ejecutiva provincial

J. M. CAMACHO/C. MORCILLO.
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El nerviosismo ha comenzado a cundir en la cúpula del PSOE malagueña después de que ayer ABC revelara que dos ex concejales de Estepona habían denunciado en una reunión de la ejecutiva provincial celebrada antes de las últimas elecciones municipales las actividades sospechosas del alcalde de la localidad, Antonio Barrientos. La cúpula socialista no adoptó decisión alguna porque, entre otras razones, tenían sobre la mesa una encuesta que daba al PSOE la victoria en ese municipio costasoleño.

Precisamente ayer hubo reunión extraordinaria de la ejecutiva provincial para tratar sobre este asunto. A la misma, curiosamente, asistió en calidad de asesor legal el ex presidente de la gestora del Ayuntamiento Marbella Diego Martín Reyes. Las fuentes consultadas por ABC revelaron que la secretaria general, Marisa Bustinduy, y casi todos los cargos orgánicos de la organización, presionaron para que todos los presentes firmaran un documento que desmintiera la información publicada por ABC. Sin embargo, la «encerrona», tal como definieron esa reunión las fuentes consultadas, no dio resultado y alguno de los hombres clave del partido se negó a respaldar ese documento para no verse salpicado en la trama de Estepona.

En concreto, a la reunión de ayer asistieron, entre otros, y además de los ya citados Bustinduy y Martín Reyes, el presidente de honor del PSOE de Málaga, Juan Paniagua; el secretario de Política Municipal, Luis Reina, y el secretario de Organización, Francisco Fernández España. Al término del encuentro hubo un comunicado en el que se decía que en las reuniones con los dos ex concejales denunciantes, celebradas en 2005, no «fue presentada ninguna denuncia probatoria». Por tanto, la cúpula socialista admite implícitamente que sí hubo denuncias. Las fuentes consultadas por ABC insisten en que esas denuncias iban acompañadas por documentos.

Por su parte, los concejales denunciantes, David Valadez y Cristina Rodríguez Alarcón, pidieron que «sea la justicia, y no los políticos, la que clarifique el papel desempeñado por cada uno». Además, afirman que no disponen de escolta policial -sólo privada, según algunas fuentes-, si bien señalan que «en ningún momento nos hemos sentido amenazados o coaccionados».

Las revelaciones en torno a este caso dejan en una situación inquietante a la secretaria general del PSOE malagueño y al resto de cargos orgánicos del partido. Marisa Bustinduy es una persona que siempre ha sido muy fiel al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, por lo que para muchos resultaría extraño que no le comentara las denuncias presentadas por los dos ex concejales de Estepona contra el alcalde de la localidad. Y es que ya muy pocos dudan de que detrás de la trama se esconde un caso, entre otras ramificaciones, de financiación irregular de partidos políticos.

Precisamente ayer por la mañana fue puesto a disposición judicial el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. A las ocho y media de la tarde, la juez ordenaba prisión incondicional para él, lo mismo que para su jefe de gabinete, José Flores. A ambos se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. El alcalde firmó por la tarde un escrito dirigido al Pleno en el que presentaba su dimisión irrevocable. Fuentes de su defensa explicaron a Efe que la misiva la firmó antes de comparecer ante la juez y de conocer la orden de prisión.

La juez finalizó ayer la toma de declaración a los 26 detenidos, que se ha saldado con cuatro órdenes de prisión, libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros para 18 personas y libertad sin fianza y con cargos para tres.