Edmundo Bal evita posicionarse sobre la imputación del alcalde de Valdemoro, de Cs, a la espera de «análisis»

Preguntado por el director de ABC, Julián Quirós, en una entrevista en la Cope, Bal ha lanzado balones fuera y ha remitido a un análisis de la situación para, después, tomar decisiones con los estatutos y el código ético de Cs en la mano. «Me he enterado esta mañana. Leo que se trata de una acusación por prevaricación (...). Solo tengo que decir que una vez que se analicen estos hechos, los hechos que se imputan, con las normas internas nuestras, se hará la investigación correspondiente y se tomarán las consecuencias que establecen nuestros estatutos y nuestro código ético, que por otra parte le recuerdo que son los más rígidos, los más severos y los que siempre se cumplen. En otros partidos se disculpan», ha zanjado Bal, sin hacer más alusión al tema.

Este periódico desvela que dos juzgados de Valdemoro han abierto diligencias contra el alcalde Parra y contra dos de sus concejales por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos . En uno de los dos casos, el regidor ya ha sido citado a declarar como investigado. Parra, además de alcalde, es el número 55 en la lista que lidera Bal a la Asamblea de Madrid .

Fuentes de la dirección consultadas por ABC atribuyen esta investigación a un intento del PSOE -partido que se querelló contra el actual alcalde- de intentar ganar en los tribunales lo que no consiguió en las urnas. De hecho, en el partido apuntan que la querella del PSOE llega tras dos interpuestas por Parra contra el líder del PSOE en Valdemoro, Serafín Faraldos , y defienden que su alcalde ha conseguido «desterrar» la Púnica -trama de corrupción del PP madrileño- del municipio.

En Cs subrayan que serán respetuosos con la Justicia , pero aseguran que el alcalde no fue consciente de qué se le acusaba hasta el jueves pasado, 22 de abril, y que ven lógico que se abra una investigación ante una querella. No obstante, no le dan el mismo valor, al proceder la denuncia de un rival político, que el que tendría para ellos si llegase de la Guardia Civil , del Ministerio Fiscal o de la Agencia Tributaria .

Aún ni siquiera hay, agregan, escrito de acusación y se está en una fase muy inicial del asunto. Un argumento, sin embargo, que choca frontalmente con la posición de Cs en el pasado, que exigió dimisiones en el PP solo por ser investigado uno de sus integrantes. También es contradictoria con la postura del partido en el Ayuntamiento de Murcia , donde una denuncia a la UDEF del vicealcalde, Mario Gómez (Cs), por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos bastó para presentar una moción de censura junto al PSOE y arrebatar la alcaldía a los populares.

En cualquier caso, en la V Asamblea General de Cs , en la que resultó elegida Inés Arrimadas nueva líder después de la dimisión de Albert Rivera , los estatutos del partido se relajaron en ese sentido y ahora solo se marca la línea roja cuando se abre juicio oral . En concreto, el artículo 22 de los vigentes estatutos establece que sea «inelegible» el candidato «que hubiese sido acusado judicialmente por resolución firme que acuerde la apertura de la fase de juicio oral (...) por la comisión de cualquier delito».

Los estatutos, no obstante, entran en una aparente contradicción con el código ético aprobado en febrero del 2019 y revisado en febrero del 2020, meses antes de esa V Asamblea General. En una disposición transitoria, los actuales estatutos indican que los reglamentos anteriores están en vigor hasta que no sean sustituidos por otros, lo que mantiene la validez del código ético del 2019, que marca una vocación distinta a la de los estatutos, aunque estos sean la norma máxima del partido.

El código ético, el que firmó Parra antes de las elecciones municipales del 2019, subraya que los cargos institucionales y orgánicos deberán dimitir «si fuere investigado, aun sin acusación, en el transcurso de una investigación judicial, tratándose de un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal». Este es el criterio que siguió Cs en la etapa de Rivera, cuando el PP criticaba que era demasiado riguroso, y Cs lo corrigió en la V Asamblea General por entenderlo lesivo contra la presunción de inocencia; aunque solo se modificó en los estatutos y no en el código ético. Las fuentes de Cs aseveran que, en el caso de que se llegue a apertura de juicio oral -algo que ven poco probable-, se actuará con la máxima contundencia.