Los dueños de Equipo Económico dicen que se limitaron a «aceptar» un contrato a dedo

Tres exsocios de Montoro niegan ante el juez las acusaciones de Anticorrupción por un informe a las Cámaras

Fachada de la sede de «Equipo económico» en Madrid J. R. Ladra

27/11/2017
Actualizado 28/11/2017 a las 17:08h.

Los responsables de Equipo Económico , el despacho que nació en 2006 como Montoro y Asociados, declararon el martes como investigados ante la titular del Juzgado de Instrucción 22 de Madrid. Según fuentes consultadas por ABC, negaron las acusaciones de la querella presentada por la ... Fiscalía Anticorrupción, relativa a un informe de 216.000 euros que el Consejo Superior de Cámaras de Comercio les encargó en marzo de 2012 sin sacarlo a concurso público. Anticorrupción observa delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados. La juez tomó declaración como imputados al presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro durante el Gobierno de Aznar; a Francisco Piedras, que fue director general del Gabinete Técnico en Hacienda; y a Manuel de Vicente-Tutor, exdirector del Gabinete del director general de la Agencia Tributaria. Aún no han sido citados a declarar otros dos querellados, el hermano del ministro, Ricardo Montoro, que se quedó una parte de las acciones de Cristóbal Montoro cuando este dejó el despacho para volver a la política, en 2008, y Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria.

Quienes sí declararon con anterioridad son Manuel Teruel, quien fuera presidente del Consejo Superior de Cámaras, y su directora general, Carmen de Miguel.

Martínez Rico, Piedras y Vicente-Tutor sostuvieron ante la juez que Equipo Económico se limitó a elaborar un informe encargado por un cliente, y que el despacho no entra a valorar si el Consejo Superior de Cámaras de Comercio tiene que sacar o no ese trabajo a concurso público. El informe consistía en un borrador de una nueva ley de Cámaras para que el Gobierno y el Congreso la aprobaran, como así fue. La tesis de Anticorrupción es que el entonces presidente de las Cámaras estaba “comprando” la influencia del despacho fundado por el ministro y encabezado por ex altos cargos de la Administración. La fiscal recogió en la querella que existen indicios que apuntan a que “miembros del Gobierno” con los que se reunió Manuel Teruel le habrían instado a contratar a Equipo Económico. Anticorrupción asevera que «presuntamente en dichos encuentros se condicionó la redacción y aprobación del texto normativo a la contratación de Equipo Económico». Para enmascarar el verdadero objeto del «contrato espurio», se procedió a una«simulación concertada» que diera «apariencia legal».

Los investigados defendieron ante la juez la «plena legalidad» de su actuación en un contrato pagado «con fondos privados», ya que el presidente de las Cámaras sostiene que no abonó el informe con la parte de sus presupuestos públicos, sino con los ingresos privados que generaba el Consejo Superior. Los excolaboradores de Ricardo Montoro aseguraron en un comunicado tras la interposición de la querella que las acusaciones son «falsas» y que persiguen «un objetivo distinto de la defensa de la legalidad».