Asuntos Internos descarta que Villarejo recabase datos policiales de Dina Bousselham

Una de las claves para entender la gravedad de esta causa que investiga en la Audiencia Nacional al polémico policía está en el nivel de acceso que tenía a los datos personales de casi cualquiera. Ya fuera en bases policiales, en entidades bancarias o en empresas de telefonía, disponía de la capacidad de hacerle un traje a un individuo rebuscando entre sus trapos, limpios o no.

Pero un policía como él, sin despacho ni horarios y liberado dentro de la Dirección Adjunta Operativa, a duras penas podía sentarse a recopilar esos datos sin llamar la atención. No. Según la tesis de los investigadores, Villarejo tenía un «clan», una «organización criminal» que él mismo lideraba y que contaba con la imprescindible colaboración de un elenco, no siempre policial, que le suministraba esos datos volcados después a pintorescos informes vendidos a precio de oro y que para su empresa, marcaban la diferencia. No cualquier detective privado consigue ese nivel de «marcaje».

Pero si bien sus «fuentes» en lugares como la Agencia Tributaria preocupan en la Audiencia Nacional -Anticorrupción ha pedido ya cuatro años y medio de prisión para un funcionario y un trabajador del BBVA se ha librado por falta de pruebas-, es dentro de la propia Policía donde se habría estado produciendo el mayor atropello por el «consorcio criminal» que al menos desde 2005, Villarejo habría mantenido con el jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO), Enrique García Castaño. Se le acusa en dos de las piezas separadas de haber ordenado a su gente, ya fuera de viva voz o dejando un post-it, el rastreo de los datos que le iba pidiendo Villarejo a cambio de «dádivas», extremos que él siempre ha negado, hasta el punto de recurrir el auto de procesamiento.

Uno de esos subordinados era el inspector jefe Constancio Riaño, de la UCAO. Fue él quien dio la pista: De las consultas quedaba registro en un portátil sin conexión a internet en la Comisaría General de Información. Sería por tanto una importante fuente de prueba del uso espúreo de los recursos del Estado a manos del «clan» .

Como ya adelantó ABC el pasado mes de febrero , el juez Manuel García Castellón abrió una pieza separada dentro de la causa exclusivamente para analizar en secreto el contenido de ese ordenador, que fue precintado. Lo llamaron «Pandora».

Por providencia, envió una lista con más de un centenar de palabras clave entre nombres de víctimas de Villarejo ya detectadas, matrículas y teléfonos móviles a la Comisaría General de Información , que ofreció su colaboración y puso manos a la obra. El objetivo, saber si algún agente buscó el mismo dato que obraba en poder del comisario sin operación policial que lo justificase.

Entre esos nombres estaba, por ejemplo, el de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham , perjudicada en la pieza separada número 10, junto a otros muchos.

La diligencia fue laboriosa y sobre todo, delicada. En ese ordenador constan desde nombres de confidentes a operaciones en curso que cuando no son secreto oficial, exigen, al menos discreción , pero ha dado frutos, según la información a la que tuvo acceso este diario. En su búsqueda dato a dato, se han aislado 12 positivos, es decir, doce perfiles de información que no tenían por qué ser consultados y que después, acabaron en poder de Villarejo.

No parece una cifra muy elevada, habida cuenta de la magnitud del rastreo, pero según las fuentes de la investigación consultadas por ABC, es suficiente para respaldar la tesis de una actividad «parapolicial» que «parasitó» uno de los recursos más sensibles del Estado, la información.

El secreto de actuaciones que pesaba sobre este asunto ya se ha levantado, si bien los doce nombres hallados permanecen bajo velo a disposición de la Audiencia Nacional porque al fin y al cabo, han salido de una base reservada. Corresponden a víctimas de las piezas «Iron», sobre el espionaje a un despacho de abogados; «Land», del espionaje entre miembros de una familia; y «Ámbar», otro de esos encargos investigado en secreto y que afecta a la empresa Endopack.

Bousselham, por cierto, no forma parte de la lista, es decir: Villarejo no la investigó de forma ilegal utilizando esa base policial de datos, tal y como obra en el sumario de actuaciones al que tuvo acceso ABC.

En cuanto a los ejecutores de las búsquedas, varios nombres suenan en la causa. Sin embargo, los tres inspectores que fueron señalados al inicio como posibles «topos» de Villarejo han sido exculpados, pues ni consta que recibiesen pagos ni que supiesen siquiera para qué o quién buceaban en ese «google» policial. Fueron ellos, precisamente, quienes hablaron de los post-it y la frecuente ausencia de procedimientos reglados en este trámite por el que un jefe pide a un subalterno que recabe información.

Riaño tenía una de esas posiciones de poder y aunque depositó toda la responsabilidad en el máximo mando, García Castaño, no ha salido bien parado: Los pocos correos electrónicos que obran en la causa -se ha pedido que se recabe la totalidad pero la diligencia no ha llegado a acordarse- revelan que servía la información directamente a un empleado de Villarejo. También habría usado su posición para mantener al día a un amigo suyo preocupado por si le seguían, nada menos que el recientemente fallecido «Billy el Niño». Afronta 50 años de cárcel en la pieza separada denominada «Iron» y su jefe, 52.