El disgusto y Marchena

«Disgustado», respondió Marchena a los periodistas ante la inevitable pregunta al comienzo del cóctel. Y precisó: «La sentencia no estará terminada hasta que la firme el último magistrado» . Pero esto último sonó a frase hecha, o quizás no.

Una vez conocido que la sedición le ha ganado el debate a la rebelión, las preguntas son cuánto cuesta en España dar un golpe de Estado, cuál es el precio de la unanimidad y quién gana y quién pierde con esta sentencia. El «disgusto» no es sólo el de Marchena por la filtración, sino el de todos aquellos que consideramos que lo sucedido en Cataluña en el otoño de 2017 fue, al menos, un intento de rebelión. Con esta decisión, no sólo queda en evidencia la Fiscalía , también la Abogacía del Estado -hasta que Sánchez le impuso su criterio político- y, guste o no guste, también el Tribunal Supremo. Empezando por el juez Pablo Llarena, que entre otras cosas ordenó la detención de Carles Puigdemont por rebelión, y siguiendo por la propia Sala, que avaló al instructor en reiteradas ocasiones cuando atribuyó a los investigados ese mismo delito. Repasando aquellos escritos y reinterpretándolos a lo mejor hallamos pistas.

Habrá que esperar a mañana, o tal vez al martes, para conocer la literalidad de la sentencia, los hechos probados, los delitos atribuidos y las penas impuestas. Pero eso son debates jurídicos ajenos a la trifulca política, que se disputa en conceptos más superficiales y, tal vez, más irresponsables. En cualquier caso, y a pesar de los disgustos, el delito de sedición es uno de los más graves del Código Penal. Estamos hablando de entre 10 y 15 años. La etiqueta de sediciosos les acompañará siempre, y no es poca cosa.